Firmado ante Notario público como parte de sus 266 compromisos de campaña, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, muestra como ningún otro el vínculo de Enrique Peña Nieto en el daño patrimonial ocasionado a través de programas sociales atribuido a Rosario Robles Berlanga por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además de un desfalco de 57.3 millones de pesos y un padrón caótico, detectados por el órgano fiscalizador, los contratos generados por el programa muestran que se privilegió un gasto en la promoción de la imagen del entonces Presidente de la República en radio y televisión en momentos que resultaban clave porque impulsaba la promulgación de las cinco reformas estructurales.
Así, en 2013, a través de un programa que debió estar dirigido a las poblaciones vulnerables, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) gastó 59 millones siete mil 245 pesos en campañas en las que se relataban los avances del programa y se difundían mensajes positivos del Presidente, cuando apenas si habían transcurrido ocho meses de operación, de acuerdo con la localización de gastos, realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Un solo día -el 19 de noviembre de 2013- bastó para que Humberto René Islas, quien era Director de Recursos Materiales de la Sedesol, firmara 15 contratos para difundir el programa cuya mala administración de recursos fue uno de los elementos para fincarle responsabilidades a Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión preventiva.
Operado por la Sedesol, con Rosario Robles al frente, el Seguro de Vida para Jefas de Familia sirvió para desviar 57.3 millones de pesos. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
Humberto René Islas fue uno de los funcionarios más cercanos a Robles Berlanga. En la Sedesol ocupó esa Dirección de enero de 2013 a agosto de 2015 y en cuanto ella inició funciones en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), fue nombrado otra vez en la posición homónima.
El contrato mayor del despliegue -por 23 millones 348 mil 234- se lo llevó Televisa por difundir durante un mes y diez días, un spot de 30 segundos que presentaba algunos logros del programa como la llegada del Gobierno a zonas marginadas de México. Enseguida y con una diferencia considerable, Estudios Azteca tuvo siete millones 601 mil 415 pesos por el mismo concepto.
Y el Presidente conoció durante todo el sexenio de los avances o tropiezos de este seguro que buscaba proteger a los hijos de madres en vulnerabilidad en caso de muerte. En 2016, mediante una solicitud de información, Los Pinos respondió a SinEmbargo que ese compromiso aún no había sido cumplido, pero se encontraba en proceso. Es decir, el entonces Jefe del Ejecutivo tenía información del programa en la medida que era parte del listado de promesas que hizo en campaña.
EL PROGRAMA SE FUE AL ABISMO
A la par, se conformaba un daño al erario. En el segundo año de operación, la ASF detectó pagos “en demasía” a beneficiarios, personal contratado por honorarios y a “jefas de familia fallecidas” que “no se identificaron”.
El órgano fiscalizador encontró evidencia de que este dinero se entregó a personas que no cumplieron con los lineamientos requeridos o no se comprobó la forma en cómo se utilizaron. De los 57.3 millones de pesos, 33.8 millones se utilizaron para el pago de honorarios de prestadores de servicios del programa, sin embargo no existe documentación que lo compruebe, según el Informe individualizado del programa.
En la carpeta abierta en la Fiscalía General de la República en contra de Rosario Robles Berlanga, el seguro para jefas de familia es parte de las indagatorias. Acusada ante un juez federal de mal desempeño en la función pública, este programa habría sido utilizado para fines diferentes a su objetivo con contratación de servicios que no fueron realizados.
La Sedesol habría afiliado al programa a seis millones 464 mil 800 jefas de familia; pero jamás comprobó si se trataba de mujeres en vulnerabilidad por condición de pobreza, carencias sociales o ingresos. Nunca dijo, la dependencia, quiénes integraron este padrón que recibía dinero del Gobierno.
Además, en cuanto al registro de los hijos beneficiarios, la dependencia tampoco contó con mecanismos para validar la información proporcionada por los solicitantes.
El primer responsable de este programa era el ex Presidente Enrique Peña Nieto. En 2012, lo firmó ante Notario como parte de sus compromisos de campaña. Foto: Cuartoscuro.
En 2012, en Tlaxcala, ante un grupo de trabajadoras de Zentrix, una empresa textil, Enrique Peña Nieto anunció que de llegar a la Presidencia, otorgaría un seguro para los hijos de jefas de familia. Como acostumbraba, puso su firma en un panel sostenido en un tripié.
“Para que tengan la certeza y la tranquilidad de que en la eventualidad de faltar, sus hijos quedarán cubiertos con un seguro que le garantice educación y un ingreso mientras están en oportunidad de poder trabajar”, dijo el candidato del PRI.
Luego, justificó: “Me preguntan mucho que por qué los firmo, los compromisos. Porque no quiero que pase como alguien aquí me dijo. Para que no se olvide y no se le olviden a nadie”.
Apenas tres meses después de su triunfo electoral, en marzo de 2013, el programa volvió a aparecer en el discurso de Enrique Peña Nieto.
En el salón Adolfo López Mateos de la otrora residencia oficial de Los Pinos, anunció su arranque y volvió a decir que era uno de sus compromisos.
“Este programa es en sí mismo un seguro de vida para jefas de familia, que garantizará el ingreso suficiente para que, en caso de faltar alguna jefa de familia, en caso de ausencia permanente, sus hijos estén bajo la tutela y protección del Estado mexicano”.
A su lado estaba Rosario Robles Berlanga quien también tomó el micrófono y abundó que el seguro cubriría a jefas de familia de zonas rurales que habitaban en los 400 municipios donde se desarrollaba la Cruzada Nacional contra el Hambre, y después se extendería a otras regiones del país.
