Nuevo caso de matrimonio forzado en Cochoapa el Grande, Guerrero, evidenció graves violaciones a los derechos humanos, cuando la Policía Comunitaria (PC) de Dos Ríos detuvo a una adolescente y a sus tres hermanas menores como medida de presión para que sus padres devuelvan la cantidad que recibieron de sus suegros después de que ella huyó de la casa de éstos porque su suegro intentó violarla.
La mamá de las niñas fue agredida en la comandancia por el comandante de la PC, causándole un aborto. La adolescente estuvo 11 días en la cárcel de la Comunitaria, de donde salió anoche.
PAGAN 120 MIL PESOS POR LA MENOR EN MATRIMONIO
La primera versión de los hechos indica que Angélica, una niña na savi de 15 años estaba en la cárcel de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, por petición de su suegro que reclama la devolución del dinero que pagó por ella cuando se casó con su hijo.
Angélica fue detenida y encarcelada por elementos de la Policía Comunitaria de Dos Ríos luego de que denunció y se salió de la casa de los papás de su esposo, porque su suegro la intentó violar en cuatro ocasiones bajo el argumento de que había pagado por ella.
Ante ese acoso la menor se fue a la casa de su abuela Petra Aguilar Nava, de más de 70 años, a donde llegaron policías comunitarios y se la llevaron a la cárcel por darle protección y luego fueron por la menor, que hasta este domingo llevaba 11 días encarcelada en la Casa de Justicia de Dos Ríos, parte baja del municipio.
La información se conoció porque su madre, Concepción Ventura Aguilar, fue trasladada al hospital de Ometepec luego de ser agredida por el comandante de la Policía Comunitaria cuando fue a llevar alimentos a su hija.
La señora Concepción estaba embarazada y los jaloneos y empujones del comandante le provocaron un aborto –tendría trillizos– que la puso en riesgo de morir desangrada y sus familiares la llevaron a Ometepec, el pasado viernes 8 de octubre.
Angélica se casó con Rafael Julián, un joven de su misma comunidad, Joya Real, quien se fue a Estados Unidos a trabajar como una alternativa a la falta de empleo, dejando a Angélica en la casa de sus padres.
Fue ahí donde inició el acoso e intento de violación por su suegro, que al no conseguirlo, y ella contarlo a sus familiares, les exigió la devolución del dinero que pagó por ella al casarla con su hijo.
Tras ese reclamo acudió a la Policía Comunitaria que tiene la Casa de Justicia en Dos Ríos donde dijo que la niña se había ido de la casa y que pedía la devolución del dinero que pagó, 210 mil pesos. Aunque los familiares dijeron que cuando se casó su hija, los padres del novio gastaron 120 mil pesos y ahora quieren casi el doble.
Desde esa fecha, quedaron retenidas tres hermanas menores de 10 años de Angélica y días después liberaron a su abuela. Las cuatro menores de edad estuvieron en las instalaciones de la Policía Comunitaria y esperan ser
liberadas cuando su padre Juan Manuel Martínez Vázquez, o algún familiar pague la cantidad que piden los suegros.
Este domingo, a las 7 de la noche, Angélica fue liberada y junto a su familia, su abuela, papá, tía y sus tres hermanitas fueron para Ometepec con el Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado.
INTERVIENEN SAIA, CODEHUM Y EL ALCALDE
Los coordinadores de la Policía Comunitaria de Dos Ríos que tenían encarcelada a la menor por la devolución del dinero que se pagó cuando la casaron son Paulino Hernández Martínez, Carlos Martínez Cano, y Daniel Alberto Jacinto.
El Secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicano (SAIA), Javier Rojas Benito, y de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) empezaron a mediar en el problema, igual que el Alcalde Bernardo Ponce García, que informaron que acudirán al poblado para atender la situación de violación a los derechos humanos de las mujeres na savi.
En la mañana, la Codehum condenó los hechos ocurridos en Cochoapa El Grande, “donde una mujer indígena perdió a sus tres bebés, presuntamente a consecuencia del maltrato de la Policía Comunitaria de dicho municipio”.
Añadió que el perito médico de la Comisión realizó valoración médica a la señora Concepción, ofreció asesoría y acompañamiento y, la institución realizó las gestiones necesarias para una atención médica especializada en el Hospital Regional de Ometepec, de seguimiento a la investigación en el Ministerio Público y por la liberación de las menores de edad y su abuela por la Policía Comunitaria de Dos Ríos.
Asimismo, la Secretaría de la Mujer hizo un llamado a periodistas y ciudadanía a no compartir imágenes de internet sobre los hechos que afectan la integridad de las víctimas. Los primeros datos conocidos fueron difundidos a través de portales de noticias de la región.
LAS VIOLACIONES E IMPUNIDAD CONFIGURAN LA VIOLENCIA FEMINICIDA: ACTIVISTAS
Con un pronunciamiento, activistas, colectivas y organizaciones de derechos humanos del estado y nacionales denunciaron que la tolerancia de los matrimonios forzados por el Estado a la fecha, ha perpetuado y abonado a fortalecer el contexto de impunidad e indiferencia por las autoridades de todos los niveles de Gobierno, “lo cual configura la violencia feminicida”.
En el escrito que a las 8 de la noche tenía más de 100 firmas estatales, y continuaba recibiendo adhesiones de apoyo, recordaron que los matrimonios forzados, como el presente, violentan los derechos humanos, y la venta de niñas configura el delito de trata de personas.
Por el enorme riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de Concepción Ventura Aguilar y de su familia, urgieron la intervención de los tres niveles de Gobierno, del Poder Judicial, de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina).
Demandaban la pronta liberación y refugio para Concepción y sus cuatro hijas de forma inmediata, que se persiga y castigue a los responsables y medidas de no repetición y reparación integral del daño a las víctimas en el marco de los derechos humanos de mujeres y niñas, con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
Subrayan que los hechos del 9 de octubre en Cochoapa, “devienen de un conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes menores de edad en la región de la Montaña con fines de realizar matrimonios forzados con hombres adultos, práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus agentes, so pretexto de respetar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas de la región de la montaña de Guerrero”.
En estas situaciones, señalaron la omisión de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, obligadas por la constitución a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Estimaron que la Policía Comunitaria, “al ser agentes del Estado, han cometido graves violaciones a los derechos humanos al privar de la libertad a cuatro niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar, provocándole un aborto, así como al legitimar la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados y de castigar a una niña de 15 años por resistirse a ser violada, prácticas que deben ser sancionadas y erradicadas”.
Legalmente, la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la discriminación en razón de género hacia mujeres y niñas y constituye una grave violación a los derechos humanos, indicaron.
Pese a que, desde el 22 de junio de 2017 se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios, y se amplió a nueve, recriminaron que son pocos los esfuerzos y avances por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Guerrero para erradicar la violencia comunitaria e institucional de la que son víctimas sistemáticas las niñas y mujeres indígenas de las regiones de la Montaña y Costas de la entidad.
“Quienes son entregadas desde edades tempranas a hombres adultos a cambio de dinero, bienes, alimentos, mercancía e incluso animales o cajas de cerveza, que son considerados como una dote para realizar matrimonios forzados con niñas y adolescentes menores de edad, lo cual constituye delito de trata de personas”.
Dirigieron el escrito al Gobernador, Héctor Astudillo Flores, al Fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barilla, la titular de Fecimtra, Leticia Catalina Soto Acosta, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, y de Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman.
Sin Embargo
