NINA: LA VERDADERA HERENCIA MALDITA

El Radar
Por Jesús Aguilar

Bernardina Lara Arguelles, lideresa y cacique (casi vitalicia) del Sindicato mayoritario de burócratas del estado potosino se reeligió en su cargo sin problemas el pasado viernes 18 de octubre. Los afiliados de este monstruo sindical son casi 4,500 pero su destino y condiciones no dependen de sí mismos, ni del gobierno en turno, son manipulados absolutamente por el cerebro e intereses de Nina. Casi 4 décadas en el sindicato donde empezó como tesorera, casi 35 años como mandamás, inescrupulosa, impositiva y absolutamente opaca.
El caso del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) y su dirigente Bernardina Lara Arguelles ilustra un grave problema de corrupción y falta de transparencia en la gestión sindical en México.
El manejo discrecional de recursos públicos, los privilegios desmedidos y la perpetuación en el poder por medio de reelecciones continuas, evidencian una correlación perversa entre sindicatos de burócratas y los gobiernos locales.
Bernardina con esta “reelección” que la mantendrá en la cúpula de la mafia sindical burócrata ya será transexenal pues termina justo hasta octubre de 2028, inició su carrera sindical como lideresa hace ya tanto que incluso ha “enterrado” ya a dos de los tótems más poderosos de “su” sistema, los siempre encontrados Horacio Sánchez Unzueta y Teófilo Torres Corzo.
El rosario de focos rojos en el SUTSGE potosino es grande pero tal vez el más pesado por todo lo que implica en detrimento del dinero del pueblo de San Luis Potosí es el de la falta de transparencia, la opacidad con la que se han manejado inmensas sumas de dinero público, dirían los clásicos: son la ruta del crimen.
Cientos de millones de pesos sin rendir cuentas claras sobre el uso de estos recursos, tanto en concepto de bonos, apoyos y préstamos, como en la administración de la caja de ahorro de los trabajadores.
Por otra parte, los enormes bonos y prestaciones que la líder sindical ha recibido y distribuido, como el bono del Día de las Madres de más de 10 millones de pesos hasta su última actualización posible, están muy por encima de lo que se asigna a otros programas de relevancia pública, como el Instituto Estatal de la Juventud o el Sistema Anticorrupción. Esto refleja una estructura que premia de forma desmedida a los dirigentes sindicales a costa de los recursos públicos.
Pero cómo dejar de lado la caja de ahorro, “alcancía dorada” de este mosntruo sindical que ha sido manejada de manera arbitraria por el sindicato. Una verdadera “mina de oro” para la dirigente. Los intereses que se cobran a los trabajadores (7% mensual) también confirmada hasta la última actualización posible son excesivos y los préstamos se descuentan automáticamente vía nómina, sin que los agremiados tengan control o transparencia sobre el manejo de sus fondos. Esto crea un sistema de dependencia financiera y control autoritario sobre los trabajadores.
Bernardina Lara ha lucrado a tal nivel y a exprimido a los peleles encargados de la administración estatal a tal nivel que ya “cobró” inclusive con una curul del congreso local, y la transacción no fue con cualquiera, sino con quien presumió ser el ex gobernador con más márgen en su manejo de poder, Marcelo de los Santos. En su sexenio, aprovechando su debilidad por cuidar las apariencias, “limpiaron” la Plaza de Armas le concedió cuanto aumento inventó, generó las plazas que quiso en detrimento de las arcas estatatales. Para colmo, Bernardida fue la responsable en el legislativo de presidir la Comisión de Transparencia, un chiste de mal gusto a su trayectoria pública y privada.
Esta correlación entre el poder sindical y el gobierno local sugiere evidentemente que, a cambio de favores políticos, los sindicatos reciben cuantiosos recursos que se utilizan para mantener a los dirigentes en el poder y consolidar redes de clientelismo. El hecho de que Bernardina Lara haya sido reelegida siete veces y que los gobiernos sucesivos continúen entregando recursos de manera discrecional es indicativo de esta relación.
Hoy, los tremendos desfalcos y malos manejos de los fondos destinados a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores gubernamentales son uno de los problemas colaterales más graves de este tipo de corrupción. Estos sindicatos, en lugar de proteger los derechos laborales de los empleados, se convierten en entes de poder que desangran los recursos públicos, debilitando el sistema de pensiones y causando hoyos financieros que pueden ser insostenibles a largo plazo.
El impacto devastador en la capacidad del estado para cumplir con sus obligaciones financieras debe atribuirse en buena parte al ejercicio caciquíl de Bernardina y su monstruo de más de 4,400 cabezas, especialmente en áreas clave como la educación, la salud y el desarrollo social. Los recursos que se desvían hacia su sindicato, no son conquista, son un trueque corrupto y podrían utilizarse para fortalecer programas de asistencia social, mejorar la infraestructura o promover iniciativas anticorrupción.
Además, perpetúan un sistema de impunidad que socava la confianza en las instituciones públicas y en la posibilidad de un verdadero cambio. La falta de mecanismos de control efectivo y la dependencia de los políticos de los sindicatos para obtener apoyo electoral son factores que perpetúan este ciclo de corrupción al que nadie pone el dedo, de Lepoldino Ortíz Santos a Gallardo, los gobernadores pasan y Bernardina, si no agrava sus problemas de salud, tendrá a su merced al décimo gobernador bajo su espectro de perverso control.
Del nepotismo y acomodo de familiares y amigos, los casos flagrantes de “protegidos” que han sido ya además dueños de sus propios escándalos como el de Juan Martín Gatica, a quien había ungido como potencial sucesor y solo quedó exhibido como parte de su mafia inescrupulosa.