Jaime Nava
A pesar de que la iniciativa presentada ante el Plano del Congreso del Estado para tipificar como delito la violencia obstétrica fue copiada de los códigos penales de Chiapas y Veracruz, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Edson de Jesús Quintanar Sánchez, defendió el texto y se negó a revelar cuánto gana uno de sus asesores por hacer las funciones de “copiar y pegar”.
Quintanar Sánchez justificó que la iniciativa que presentó como suya sea idéntica a diversos artículos de los códigos penales de Chiapas y Veracruz con el argumento de que se trata de una “armonización”. Posteriormente, y visiblemente incómodo, al cuestionarle cuál fue el criterio que consideraron para establecer en su iniciativa una pena de dos a cinco años por el delito de violencia obstétrica, el legislador no supo qué responder y dijo:
“Porque como lo vamos a comentar, o sea, es una armonización de las leyes de otros estados, digo no solamente para en esto, van varias cuestiones que también se abordan las mismas cuestiones, eh, como el tipo de la despenalización del aborto, es la misma cuestión, hay otros estados donde, digamos, es una penalización, otro caso donde la despenalización es menos a digamos que otros criterios, digamos también de semanas de gestión, en San Luis Potosí también vamos a volver a retomar ese tema, pero, como lo vuelvo a reiterar, son asuntos que se están tratando de armonizar a las demás leyes, es un trabajo legislativo de los mismos diputados, está en la misma constitución”.
Se le volvió a preguntar, con explicación incluida, cómo y por qué eligió la pena que propone en su iniciativa para ese delito. “Porque es como también los demás estados lo han estado haciendo”, respondió y enseguida se le hizo saber que los estados donde se encuentra tipificado ese delito cuentan con penas distintas, a lo que contestó que serían las comisiones las encargadas de realizar modificaciones a su iniciativa.
“Es un trabajo legislativo, no entiendo por qué la cizaña de decir que estoy pirateando o plagiando iniciativas cuando las iniciativas no tienen patente, las iniciativas no están registradas, son ideas de otros estados”, expresó Quintanar Sánchez, e insistió en que “para ser un plagio tiene que estar registrada una idea, si la idea está registrada, entonces sí es un plagio; sin embargo, nosotros estamos haciendo una armonización”.
Al inicio de la entrevista, el diputado reconoció que la iniciativa se la entregó uno de sus asesores, razón por la cual se le preguntó cuánto perciben mensualmente.
-Jajajaja, ¿cambiamos de tema?, preguntó el diputado
-No, es el mismo tema, se le aclaró
-¿Del plagio?
-¿Cuánto ganan sus asesores?
-Pues eso lo podrás confirmar en la página de transparencia
-Pero usted puede dar el dato, ¿cuánto ganan sus asesores?
-Pues varía, varía, varía, dentro de los 10 mil hasta los 25 (mil)
-El asesor que presentó ésta iniciativa, ¿cuánto gana?
-Pues creo que ese no es un tema relevante
-Sí, sí es relevante
-¿Por qué es relevante?
-Porque hay que saber cuánto cobran por copiar y pegar
-No, esa es una especulación
-¿Especulación? Podemos traer el código de Chiapas, el código de Veracruz y comparamos palabra por palabra y vemos si es una especulación o no.
-Pero en la misma iniciativa también estamos especificando de qué estados vienen
-¿Cuánto gana su asesor por copiar y pegar?
-Jaja, yo no creo que sea relevante para estas mismas cuestiones
-Sí es relevante
-Nooo, entonces, ¿a ti cuánto te pagan por hacerme estas preguntas?
Al diputado se le dio a conocer el sueldo que percibe mensualmente éste reportero. Y a usted, ¿cuánto le pagan?, se le preguntó. “Jajajajaja, así la dejamos…” dijo y se retiró.
Iniciativa recibe críticas en redes sociales
A través de sus cuentas de Twitter, los abogados e investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Urenda Queletzú Navarro y Guillermo Luévano Bustamente criticaron la iniciativa presentada por Edson de Jesús Quintanar Sánchez y le enviaron varios mensajes con los argumentos por los cuales consideran que su propuesta es deficiente, inviable jurídicamente y que, además, criminaliza a los médicos.
La iniciativa, expuso Luévano Bustamante, criminaliza la profesión y la práctica médica, no atribuye ninguna responsabilidad al Estado sobre la desatención o el desabasto de medicamento, ni la precaria infraestructura hospitalaria. También, señaló que la redacción es ambigua e incumple con el criterio de “taxatividad” por lo que “dejarían un amplio margen a la interpretación discrecional de la Fiscalía y Juzgados penales”.
Por su parte, Urenda Navarro escribió al diputado: “En diversos foros hemos dicho que no se trata de criminalizar a la profesión médica sino de subvertir prácticas, diputado Edson Quintanar, Además sobra indicar que el derecho penal es de última ratio, la última salida del Edo.”
