No se han registrado amparos por traslados a penal de Xolol

DESTACADOS, LOCALES, SAN LUIS

Desiree Madrid

Hasta el momento, ninguna de las mujeres privadas de la libertad trasladadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Xolol, en Tancanhuitz, ha presentado amparos en contra de su reubicación, informó Margot Montes Sandoval, titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, las familias de las internas han denunciado condiciones inhumanas durante los traslados hacia ese penal.

El Cereso de Xolol fue habilitado tras la recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exigía la creación de un penal exclusivo para mujeres en el estado. Actualmente, alberga a 111 internas, aunque su capacidad es para 162 personas.

Montes Sandoval señaló que más de la mitad de las mujeres privadas de la libertad no son originarias de San Luis Potosí, sino de estados como AguascalientesMichoacán y zonas fronterizas.

Según la funcionaria, la mayoría de las internas enfrenta cargos relacionados con delitos contra la salud. Ante el distanciamiento que implica su reubicación, la SSPC ha implementado medidas para garantizar que las familias puedan mantener el contacto con ellas.

Montes Sandoval declaró que, en coordinación con el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se ha puesto en marcha un servicio de transporte mensual gratuito desde la capital potosina hasta el penal en Xolol. Asimismo, se trabaja en un proyecto para permitir visitas familiares dos veces al mes.

A pesar de estos esfuerzos, las familias han expresado su descontento por las dificultades que enfrentan para visitar a las internas. En particular, han denunciado malas condiciones en los traslados y el impacto emocional que implica el cambio de prisión para las mujeres.

El titular de la SSPC, José Luis Ruiz Contreras, destacó que la reubicación de las internas responde a la necesidad de cumplir con estándares en materia de derechos humanos y de reinserción social. Sin embargo, las demandas de las familias reflejan los retos que persisten en la implementación de estas políticas.

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