Norma Piña: Víctima de violencia del poder absoluto

El Radar
Por Jesús Aguilar
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enfrentó durante su gestión una de las ofensivas más críticas contra la autonomía del Poder Judicial en la historia reciente de México. Desde su elección en enero de 2023, que marcó el regreso de la plena independencia del tribunal, Piña se convirtió en el blanco principal de un gobierno que buscó someter al Poder Judicial a sus intereses políticos.
No solamente generó una franca diferencia en el espíritu que hasta poco subsistía de la verdadera división de poderes, sino que se convirtió en la más cruenta, abierta y violenta persecución a la cabeza de un poder como el judicial del país.
AMLO demostró que es un experto simulador sin remordimientos, cruel y sumamente violento. Como en el caso de sus ataques al periodista Ciro Gómez Leyva que terminaron con un intento de asesinato, el empuje al linchamiento de Norma Piña como símbolo de la resistencia a su poder fueron verdaderamente angustiantes.
En lo práctico el endurecimiento de la campaña contra Piña y la SCJN tuvo como detonante tres sentencias adversas al gobierno federal, emitidas en 2023: la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la nulidad del decreto presidencial que clasificaba las obras prioritarias como seguridad nacional, y la cancelación del llamado “Plan B” de reformas electorales.
Estas resoluciones, apegadas a la Constitución, provocaron una escalada de ataques que incluyeron acusaciones de corrupción, traición y vinculos con la delincuencia organizada, además de amenazas directas a los ministros.
Piña denunció que esta ofensiva no era nueva, sino una intensificación de una estrategia de deslegitimación que inició desde el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018. El objetivo final: despojar al Poder Judicial de su autonomía para subordinarlo a intereses electorales y partidistas.
Como ejemplo, mencionó el intento de Morena y sus aliados, en 2021, de prolongar la presidencia de Arturo Zaldívar hasta el fin del sexenio, y la aprobación de una reforma judicial en 2024 que vulnera gravemente la independencia de los jueces.
En su informe de actividades, Piña condenó las reformas que imponen la elección popular de jueces, una medida sin precedentes en el mundo que, según expertos, politiza la impartición de justicia. La ministra subrayó que estas acciones no buscan resolver los problemas estructurales del país, como el fortalecimiento de las policías, fiscalías y el sistema penitenciario, sino concentrar el poder en los tribunales y debilitar el sistema de contrapesos democráticos.
El impacto de estas reformas no solo amenaza la independencia judicial, sino también las libertades fundamentales de los ciudadanos. Al subordinar el Poder Judicial a intereses partidistas, se corre el riesgo de que las decisiones judiciales respondan a agendas políticas en lugar de apegarse a la Constitución y los derechos humanos. Esto podría traducirse en una justicia selectiva, en la que la disidencia sea castigada y las voces críticas sean silenciadas, debilitando así el tejido democrático del país.
La elección de jueces por voto popular, promovida bajo el discurso de democratizar la justicia, podría resultar en una instrumentalización del sistema judicial. Los jueces, al depender de elecciones, estarán sujetos a presiones políticas y a campañas influenciadas por el poder ejecutivo, comprometiendo su imparcialidad. Además, se abre la posibilidad de que las resoluciones judiciales sean utilizadas como herramientas para consolidar el control gubernamental, limitando la capacidad de los ciudadanos para buscar amparo o justicia frente a abusos del poder.
El discurso de Piña también marcó su despedida de la presidencia de la SCJN. A pesar de las críticas y las amenazas, defendió con firmeza la autonomía del Poder Judicial como un requisito indispensable para preservar la democracia en México. No obstante, su legado queda bajo la sombra de una reforma que podría transformar radicalmente la estructura y el funcionamiento de la Corte, dejando en incertidumbre el futuro de la justicia en el país.
El Secretario General de Gobierno potosino Guadalupe Torres anunció hace unas horas que el régimen local presentará la propia reforma judicial local y que se empate con la elección de juzgadores federales de principios de junio próximo.