En el marco del reciente encuentro de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C. reafirmó su compromiso con la localización de personas desaparecidas en San Luis Potosí.
Durante su participación, el colectivo visibilizó casos emblemáticos como el de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, desaparecidos el 14 de junio de 2013 en Ciudad Fernández. En la vía pública, las buscadoras colocaron fichas con rostros, edades, señas particulares y fechas de desaparición, entre ellas también las de Oscar Omar Santos Solís (desaparecido en 1988) y Edgar Daniel Hernández Torres, entre muchos otros.
Un cartel con la leyenda “Zona Media, ¿dónde están?” mostró decenas de rostros, reflejo doloroso de la magnitud del fenómeno en la región.
Acompañadas por activistas y organizaciones de derechos humanos, las familias exigieron respuestas inmediatas del Estado.
“Llevamos años caminando solas, tocando puertas que no se abren. Nosotras no elegimos ser buscadoras, el abandono institucional nos obligó a convertirnos en investigadoras, rastreadoras, peritas y defensoras”, declaró una madre integrante del colectivo.
Llamado de la ONU a proteger a quienes buscan
Durante el mismo encuentro, y al cumplirse 18 años del Caso Maverick —la desaparición de 10 personas en Aguascalientes en 2007—, la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, envió un mensaje contundente a autoridades mexicanas y sociedad civil.
Delgadillo insistió en que la búsqueda debe regirse por el respeto absoluto a la dignidad humana y denunció que las familias son muchas veces objeto de criminalización y estigmatización por parte de las autoridades.
“Las familias no pueden ni deben ser objeto de ataques o difamaciones por levantar la voz. Al contrario, su labor debe ser reconocida y protegida”, subrayó.
La especialista llamó a que la búsqueda se estructure como una política pública diferenciada, adaptada a los distintos contextos del país. Además, recordó que el Estado no solo debe localizar a las personas desaparecidas, sino también identificar y restituir restos con los más altos estándares científicos, garantizando el acceso de las familias a peritos y expertos independientes.
Finalmente, enfatizó que las familias tienen derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso y a recibir apoyo psicosocial que evite su revictimización:
“Su voz no debe ser marginal, sino central en la construcción de políticas públicas de búsqueda”, concluyó.
