“Érase una vez, en un país muy lejano, un rey y una reina que…”. Como todas las historias de reyes, príncipes y princesas, esta, la de la monarquía española, también tiene mucho de cuento y poco que ver con el estereotipo ideal y la versión oficial que hasta ahora se había vendido en las revistas, los libros de Historia o los medios de comunicación.
Recientemente, algo parece haber cambiado. Pero no se trata de una conspiración. Se trata más bien de que siempre hubo quién se cuestionó la legitimidad del monarca y de la institución que representa y de que la serie de escándalos que protagonizaron sus miembros especialmente en el último año ha dado pie a los que siempre defendieron una república a reabrir el espinoso debate entre cual sería la mejor forma de gobierno.
Según la encuesta de Metroscopia para El País, cuyos resultados se publicaron el pasado 7 de abril, la valoración ciudadana del rey se ha desplomado en los últimos meses a pesar de que se realizó antes de la imputación de la infanta Cristina, el primer miembro directo de la Casa Real sobre la que recae esta figura legal, desendió de 21 en diciembre y al -11 actual. En tres meses ha perdido 32 puntos y su valoración está por debajo de las otras 27 instituciones o colectivos sociales tomados en cuenta.
Aunque el príncipe Felipe obtuvo una valoración muy superior a la de su padre, su nota también había bajado en los últimos tres meses, pasando de un 37 a un 28.
Y por si todo esto no fuera suficiente, esta semana la monarquía española ha recibido otro duro golpe de la mano del diario español Público, que comenzó a difundir desde el lunes unos cables de WikiLeaks que pueden contribuir a poner punto y final al cuento de la monarquía.
Sus revelaciones pueden ser una confirmación para algunos de algo que sabían o habían escuchado alguna vez al menos en forma de hipótesis, pero para muchos caerán sin duda como un jarro de agua fría.
La archirepetida frase que rezaba que “el rey trajo la democracia” no podrá volver a ser repetida o, de hacerlo, no responderá a una realidad, sino a una fantasía, la ilusión cuidadosamente construida para llevar a cabo una transición que no estuvo, como se dice, en manos de la voluntad del pueblo.
A cambio, el rey, presentándose como una figura que podría dirigir la transición obtuvo a cambio el apoyo de Estados Unidos, se convirtió en jefe de Estado y siguió manteniendo sus privilegios con la complicidad del sistema bipartidista sustentado en el Partido Popular (PP) y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En respuesta a las especulaciones sobre su continuidad, la Casa Real comunicó en febrero que el rey no se plantea abdicar y que no existe un plan para acelerar su sucesión.
La tradición republicana en España fue importante y destacó desde el siglo 19, a pesar de que los periodos de República han sido muy breves y de la gran popularidad de la que gozó el monarca Juan Carlos entre buena parte de la población durante algunos años. Habrá que esperar qué sucede cuando el país empiece a resurgir.
Transparencia sí, pero a medias
Otro asunto espinoso ha surgido con la llamada Ley de Transparencia, una reforma que tramita el Parlamento con dos objetivos: fiscalizar las administraciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que reporte en qué se ha gastado el dinero público.
En este contexto, el pasado viernes, según informó la agencia AP, el gobierno reveló, en un intento por calmar las aguas, que la monarquía aceptaba participar en la Ley de Transparencia.
Hasta ahora quedaba al margen de rendir cuentas públicas y sólo se conocía la cantidad de los salarios anuales asignados al rey, al príncipe y a la corona como institución por ostentar el cargo de la jefatura del Estado.
El monarca cobró 292 mil 752 euros (359 mil 649 dólares) brutos en 2012. Felipe percibió 141 mil 376 euros (173 mil 688 dólares).
La corona como institución recibe una asignación anual de dinero público, que fue de 10.14 millones de dólares en 2012, un 2 por ciento menos con respecto al año anterior.
Sin embargo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría precisó que el acceso público a las cuentas de la Casa Real tendrá algunas restricciones, pero no especificó cuáles.
Además, el gobierno se había mostrado reticente a someter la monarquía a la Ley de Transparencia, argumentando que ninguna corona del entorno europeo hace algo similar.
El lunes, el PSOE pidió que se hiciera público el patrimonio privado de la familia real y apostó por la “transparencia radical”, aunque aún no se ha concluido nada.
Hace unas semanas el diario El Mundo reveló que el padre del rey, Juan de Borbón, habría dejado en cuentas bancarias en Suiza una herencia de mil millones de pesetas de las que el rey habría heredado una parte. No está claro si el dinero se trajo a España y se tributó. Desde la Zarzuela aún no han aclarado nada.
Lo que está claro es que no está siendo fácil transparentar a la institución ni siquiera en estos momentos críticos que atraviesa.
Una ‘amiga’ con muchos derechos
La relación del monarca borbónico con la princesa Corinnna zu Sayn-Wittgenstein pasó de ser un asunto morboso y criticable desde el punto de vista moral de algunos, a un secreto de Estado y un asunto que atañía a todos los españoles en tanto en cuanto podría haber intervenido en asuntos y negocios del gobierno por esta relación, y podría haber disfrutado del dinero que el Estado entrega a la Casa Real, también objeto de polémicas.
