Entre enero y septiembre de 2025, San Luis Potosí ha abierto nueve carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El reporte señala que en enero se registró un caso en Rioverde; en febrero, uno en Tamazunchale; mientras que marzo y abril no reportaron investigaciones.
En mayo se abrieron dos carpetas, en Ciudad Valles y Matehuala; junio y julio transcurrieron sin registros; agosto fue el mes con más casos, con tres investigaciones en Aquismón, San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez; finalmente, en septiembre se reportaron dos carpetas más, ambas en la capital.
De esta manera, San Luis Potosí capital concentra tres de las nueve investigaciones abiertas en el año, mientras que las restantes se reparten entre seis municipios distintos.
Comparativa con 2024
Durante el mismo periodo de 2024 se habían abierto también nueve carpetas de investigación, aunque el año cerró con 12 casos. En aquel entonces, los municipios con más registros fueron Ciudad Valles y Ébano.
El número de víctimas coincide con el número de carpetas, aunque el SESNSP no detalla edad ni sexo de las personas afectadas.
A un año de la despenalización
El 7 de noviembre de 2024, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Pasado este periodo, la ley establece una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario.
También se castiga con 3 a 8 años de prisión y multas de 300 a 800 UMAs —entre $33,942 y $90,512— a quien interrumpa un embarazo sin consentimiento.
Aunque la reforma permitió el acceso legal a la interrupción del embarazo (ILE), solo entre siete y ocho hospitales del estado la practican de manera efectiva, ya que la mayoría del personal médico se ha declarado objetor de conciencia, lo que continúa limitando el acceso al servicio.
