El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), encabezado por Rodrigo Joaquín Lecourtois López, instó a los nuevos alcaldes a iniciar de inmediato la revisión de los procesos de entrega-recepción. Las autoridades tienen un plazo de 30 días hábiles, contados desde el 1 de octubre, para identificar y denunciar posibles irregularidades en el proceso de traspaso de recursos y bienes.
Los nuevos funcionarios, apoyados por sus órganos internos de control, deben elaborar un acta circunstanciada en la que se describan las anomalías detectadas. En caso de que surjan inconformidades, el órgano de control deberá notificar a los exfuncionarios responsables, quienes tendrán 15 días hábiles para comparecer y proporcionar las aclaraciones o evidencias necesarias.
Si los exfuncionarios no responden en el plazo establecido o no logran aclarar las inconsistencias, las nuevas autoridades deberán reportar las irregularidades a las instancias correspondientes para que se tomen las medidas legales adecuadas. Las faltas podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El IFSE desplegó auditores en los 59 municipios de San Luis Potosí para garantizar que los procesos de entrega-recepción se realizaran conforme a la ley. Lecourtois López destacó el esfuerzo de su equipo durante la transición y señaló que, aunque hubo algunas incidencias menores, los trabajos se llevaron a cabo sin contratiempos graves. Añadió que en algunos municipios, por su tamaño o circunstancias particulares, se brindó mayor atención, pero en general, todos los procesos se completaron según lo establecido por la normativa.
