El Radar
Por Jesús Aguilar
En el pequeño salón ejidal de la comunidad de Corcovada (San Luis Potosí) se han tejido históricamente las decisiones locales. Hasta hace dos años “la vida en el ejido Corcovada era tranquila, sin ningún conflicto grave… Conciliaban y tomaban decisiones de manera pacífica”, relata un reporte periodístico. Ese equilibrio se rompió con la llegada de empresas vinculadas al imperio de Ricardo Salinas Pliego, que han intentado forzar a los ejidatarios a vender sus tierras comunales. Hoy los habitantes de Corcovada viven “con gran desconfianza” por el acoso y la intimidación: algunos opositores al proyecto han sido visitados por funcionarios que ofrecen sobornos a cambio de su silencio, e incluso han recibido “ofrecimientos, amedrentamiento e inclusive amenazas” por parte de quienes presionan la venta de más de 500 hectáreas ejidales. Por ejemplo, el alcalde propuso al líder opositor José Francisco Gutiérrez un trato: dinero y empleo si dejaba de “alborotar a la gente” para defender el agua de la comunidad. Fracasar en esa estrategia llevó a las advertencias encubiertas de pistoleros del narcotráfico, según relatan los mismos afectados.
En los terrenos de Corcovada se instalaron primero barrenadoras de la empresa Servicios Drilling, que ofreció perforar pozos de agua a cambio de un pago modesto al ejido. Sin embargo, los campesinos descubrieron que la razón real era explorar minerales: los informes de geólogos del equipo concuerdan con la sospecha comunal de que buscan metales, no materiales para construcción.
Servicios Drilling –cuyo objeto social original era “exploración, explotación y drenación de minas de metales ferrosos y no ferrosos”– cambió su acta constitutiva en 2021 para afirmar que haría labores de barrenación industrial.
La amenaza del proyecto extractivista de Salinas Pliego en Corcovada
Ese mismo año otra firma de reciente creación, CEMAT Construction (con vínculos a Cementos Atlas y a Salinas), intentó sin éxito comprar las tierras comunes del ejido. Los comuneros denuncian que el ofrecimiento inicial fue irrisorio (5 pesos por m², hasta apenas 12.50 pesos tras negociaciones) y que las autoridades locales han favorecido a la empresa: el comisariado del ejido convocó fraudulentamente una asamblea para vender 481 hectáreas a pesar de tener una suspensión provisional judicial vigente.
Para los habitantes de Corcovada, la trama queda clara: el proyecto se anuncia como cementera, pero «siempre van por el oro». Lo argumentan así los propios pobladores, dado que en la zona no hay piedra caliza y, en cambio, existen al menos dos concesiones mineras activas sobre el ejido.
La amenaza del proyecto extractivista de Salinas Pliego en Corcovada
Cerro de San Pedro: una herida histórica
El caso de Corcovada recuerda a la emblemática saga de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro (SLP). Esa empresa canadiense explotó a cielo abierto 290 hectáreas mediante el método de lixiviación con cianuro para extraer oro y plata. Tras años de batalla legal y comunitaria, la zona quedó devastada: el antiguo Cerro de San Pedro hoy es casi un pueblo fantasma de apenas ochenta habitantes, pues “lo único que sostiene de pie al pueblo es su historia” —el cerro por el que vivían ya “no existe más” tras la minería.
La extracción indiscriminada fracturó el tejido social: las protestas de pobladores y defensores del medio ambiente contra Minera San Xavier fueron “una de las oposiciones más férreas de la historia reciente” en México.
Hoy los ejidatarios de Cerro de San Pedro reclaman que se cumplan los compromisos ambientales. En marzo de 2025 los comuneros, reunidos por su centenario, exigieron públicamente a las autoridades (Profepa y Semarnat) un informe detallado sobre la remediación ambiental pendiente. Denuncian que la empresa se comprometió a limpiar los pasivos tóxicos, pero han encontrado opacidad oficial. La carta enviada a la Presidencia exige “un informe público y completo sobre los avances de la remediación en las 290 hectáreas explotadas” y un “plan de remediación efectivo y verificable” antes de que Minera San Xavier se retire definitivamente este año. Los ejidatarios advierten que el uso de cianuro hizo un daño duradero: el proceso de lixiviación “es altamente contaminante y perjudicial para la salud y el medio ambiente”. Este legado coloca al caso San Xavier como advertencia: los ecosistemas locales quedan desprotegidos ante la minería, y la población queda con secuelas de enfermedad y deterioro de sus recursos naturales.
Otras resistencias en territorios ejidales
Corcovada y Cerro de San Pedro son parte de un panorama nacional más amplio. En Guerrero, el ejido Carrizalillo vive una situación paralela: tras dos décadas de explotación aurífera por parte de la canadiense Equinox Gold, la comunidad sufre “desplazamiento forzado, sin dinero, sin tierras y con problemas de salud”. Los propios ejidatarios advierten que se han convertido en un “pueblo fantasma”: cada familia documenta al menos una de estas enfermedades crónicas ligadas a la minería —“mutaciones genéticas, cáncer, abortos espontáneos, partos prematuros”–, y gran parte de los ingresos por renta de sus parcelas se destina a medicamentos. Al cierre de sus operaciones en 2025, la minera pidió firmar un nuevo convenio que reduciría un 65% los pagos al ejido y quitaría apoyos sociales, presionando al pueblo enfermo para aceptar o enfrentarse al cierre definitivo. Los testimonios locales denuncian que la contaminación del aire y del agua generada por la mina está “directamente relacionada” con las enfermedades que aquejan a la comunidad.
Otro caso es el del ejido Tenochtitlán en Coahuila, donde tras 13 años de litigio sus ejidatarios obtuvieron una victoria judicial contra Minera La Encantada (canadiense). La sentencia agraria determinó que la empresa ocupó ilegalmente 2,000 hectáreas de su territorio, que los comuneros habían recibido por decreto presidencial en 1973. “Se le hizo justicia al ejido Tenochtitlán”, celebró un representante local al recuperar esas tierras. Además, en Colima los ejidatarios de Canoas bloquearon un ambicioso proyecto minero de hierro (Rufus 5) al rechazar por unanimidad su Manifestación de Impacto Ambiental. En una carta al Presidente de la República, la comunidad advirtió que la extracción provocaría una “contaminación catastrófica e irreversible” en los afluentes del río El Cacao, fuente vital de agua potable para ellos y ejidos vecinos. Estos ejemplos ilustran que lejos de ser casos aislados, los conflictos entre ejidatarios y proyectos extractivos se replican en todo el país, siempre con la misma matriz: promesas de desarrollo a corto plazo, división comunitaria y riesgos ambientales irreversibles.
Impactos ambientales, sociales y jurídicos
Académicos y especialistas han señalado los rasgos estructurales de este conflicto. El abogado indígena Francisco López Bárcenas, colaborador del Colegio de San Luis, advierte que “la mayoría de los proyectos mineros… sobre tierras ejidales y comunales son ilegales”, pues se instalan sin la consulta y el aval de las asambleas locales. En su opinión, muchas de estas tierras se venden sólo porque se simulan sambleas o se soborna a los comisariados ejidales: “cuando se ha vendido la tierra ejidal… fue porque se simularon las asambleas y no reunieron los requisitos legales”. López Bárcenas lamenta que aunque la Constitución reconoce los derechos agrarios comunitarios, las leyes secundarias (por ejemplo la Ley Minera) y reformas de mercado los han vuelto “a merced de los dueños del capital”. No es raro que, incluso cuando una asamblea rechaza un proyecto, las autoridades no respeten esa decisión: “generalmente no se cumple la consulta ni los requerimientos de asamblea; tampoco se respeta cuando la asamblea dice que no”, ejemplifica al referirse al caso de Capulálpam, Oaxaca
Los impactos ecológicos también están documentados. Estudios de la UNAM tras el derrame de cianuro en el río Sonora (2014) confirmaron que las minas alteran el “estado base de los ecosistemas”: los sedimentos, la calidad del agua y la vida acuática sufren daños visibles, por más que la empresa intente restaurar el área.Voces ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto requiere millones de litros de agua para procesar minerales y arrojar residuos tóxicos, lo que contamina mantos acuíferos y suelos durante décadas. Los riesgos no son teóricos: ejidatarios de la Sierra Norte de Puebla o de Chihuahua citan enfermedades masivas y desaparición de peces en ríos como consecuencias comprobadas de la actividad minera en su territorioFrente a este panorama, los grupos sociales demandan que el Estado reforme la legislación y fortalezca la vigilancia: “decir que la minería cuida el medio ambiente… deja clara la posición del gobierno: antepone el crecimiento económico a la vida” concluye un comunicado de organizaciones civiles.
Entre la denuncia y la esperanza
La resistencia de Corcovada se enmarca, pues, en una lucha nacional por el derecho a un ambiente sano y el respeto de la propiedad comunitaria. Los defensores del territorio insisten en que México debe cumplir su Constitución y convenios internacionales para proteger a los ejidos: exigen consultoría real, transparencia en concesiones y castigo a los abusos contra el agua y la tierra. Hasta ahora, los balances legales favorecen a las comunidades cuando acuden a tribunales: como dijo López Bárcenas, los ejidatarios “siempre ganan” las demandas, porque las operaciones extractivas suelen vulnerar la ley. Sin embargo, las autoridades siguen autorizando miles de concesiones (se reportan unas 5,500 en territorios indígenas) y los ataques contra los opositores continúan. En palabras de los activistas: mientras no se impongan mecanismos reales de consulta y transparencia, la devastación ambiental y el despojo seguirán siendo “una tragedia” en la vida de los pueblos rurales
Corcovada hoy da la voz de alerta: rechaza como un engaño el soterrado proyecto minero y demanda que se respete su asamblea y su agua. Su lucha recuerda que no se trata de una estadística ni de un favor burocrático, sino del patrimonio colectivo de comunidades vivas. Como resumen el clamor comunitario, “no vendemos nuestro patrimonio por oro”, pues aguas limpias, cultivo y futuro vale mucho más que cualquier concesión minera.
