Estela Ambriz Delgado
El caso del ecocidio en el Área Natural Protegida (ANP) Sótano de las Golondrinas sigue sin ningún avance en las instancias estatales; por el contrario, se obstaculiza la búsqueda de justicia y respeto a los derechos humanos, además de que se incumplen acuerdos de vital importancia para el lugar como es la elaboración del Programa de Manejo correspondiente.
Rosa María Balvanera Luviano, representante legal de Barrio Unión de Guadalupe de la comunidad tének de Tamapatz, municipio de Aquismón, informó que, ante el incumplimiento de las autoridades estatales y las omisiones de diversos procedimientos en las carpetas de investigación, se interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que pareciera estar siendo obstaculizada, dado que se insiste en enviar la carpeta a Ciudad Valles, aunque fue ingresada en San Luis Potosí.
La abogada explicó que la queja fue interpuesta en octubre de 2024 contra el Ayuntamiento de Aquismón, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Segam), sin embargo, fue enviada a Ciudad Valles aún cuando el domicilio para notificaciones era de la capital y ahí se encuentran dos de las autoridades señaladas.
Ante la situación en diciembre del año pasado, se presentó un escrito para que las dos carpetas fueran enviadas de nuevo a San Luis Potosí y se llevó a cabo el procedimiento con una visitadora para regresarlas, en el cual se pudo percatar de que en ese período de tiempo aún no se había requerido a la Segam, a pesar de que, de acuerdo con la ley y el reglamento de la CEDH, tenían 10 días para pedir el informe y no lo habían hecho, por lo que se acordó que esto se realizaría en breve.
Sin embargo, al acudir a verificar el avance en las carpetas a inicios de febrero, Balverena Luviano encontró que estas fueron enviadas de nuevo a Ciudad Valles, pese a que no existe una razón justificada para ello, por lo que considera que es con la intención de dificultar el seguimiento de las quejas. Además de que al preguntar si ya contaban con los informes de la responsable, le dijeron que seguían sin solicitárselo a la Segam.
El incumplimiento de acuerdos
Por otra parte, la representante de Barrio Unión de Guadalupe también acudió a la dependencia estatal para preguntar sobre los acuerdos que representantes de la Segam, la Secretaría General de Gobierno, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) firmaron el pasado 10 de mayo en una minuta, fueron reiterados en otras ocasiones y la titular de la Segam, Sonia Mendoza Díaz, le dijo que lo consultaría.
Luego de la solicitud de la abogada, se reunió con la secretaria de Ecología el pasado 12 de febrero; derivado de ello pudo constatar que entre dichos acuerdos no se cumplió con el perfeccionamiento de las querellas, pues es muy poca la información con la que cuentan. Respecto a la colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aseguran que apenas están siendo emplazados.
Respecto al procedimiento administrativo contra Leticia Alejandra Juárez Avonce, ex directora de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas de la Segam, Sonia Mendoza le aseguró que este ya había sido ordenado, pero no se le dio fecha concreta de inicio, con el argumento de que se requiere tiempo para llevarlo a cabo.
Además, uno de los acuerdos más importantes, que era la elaboración del Programa de Manejo por el que los pobladores han luchado desde la creación del decreto en 2001, ya que sería el documento rector de las actividades permitidas en el Monumento Natural y que había sido firmado en diversas reuniones con las autoridades, no se realizará debido a que no hay recursos, así lo informó la titular, queine se justificó al argumentar que no es un compromiso que ella haya hecho.
“Me parece una burla a la comunidad, pues es otra de las cosas que tenían comprometidos y que este gobierno se había comprometido ene mil veces a que el Programa de Manejo se iba a realizar (…). No es personal contra Sonia Mendoza, pero sí contra una institución que estaba obligada a hacerlo y sí en contra del Gobierno del Estado y en particular del gobernador, que él se comprometió con tal de que esto se solucionara a tener ese programa y no nos pueden salir con que sí hay dinero para Luis Miguel, sí hay dinero para muchas otras cosas y no hay dinero para lo que es prioritario en el estado, sobre todo en temas ambientales”.
Apuntó que los supuestos acuerdos que firmaron con las autoridades, no fueron más que un engaño utilizado para despresurizar las manifestaciones de inconformidad de la comunidad.
Consideró no es justo que hagan creer a la ciudadanía que se tienen instituciones a favor del medio ambiente y a favor de los pueblos y comunidades indígenas, cuando la realidad es que defienden a delincuentes.
