El Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec determinó clasificar como información reservada, por un periodo de cinco años, los datos técnicos de los vagones del Tren Interoceánico que opera en la Línea Z, que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. La medida también incluye las comunicaciones y reportes generados con el centro de mando tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025.
La empresa argumentó que hacer públicos los modelos exactos de cada unidad, su origen, manuales técnicos, especificaciones e identificadores podría poner en riesgo la seguridad de la infraestructura, ya que facilitaría posibles actos de sabotaje, robo de piezas o planeación de delitos. Señaló que esta línea ferroviaria fue declarada como estratégica y de seguridad nacional mediante decreto publicado el 18 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
El descarrilamiento ocurrió en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, y dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 heridas. Tras el accidente, la Fiscalía General de la República informó que el tren circulaba con exceso de velocidad y que se giraron órdenes de aprehensión contra tres trabajadores que lo conducían sin contar con licencia vigente.
Un dictamen pericial en materia de seguridad industrial concluyó que la locomotora identificada como FIT-3027 no cumplía con las normas establecidas en el reglamento del servicio ferroviario. A raíz de estos hechos, se abrió la carpeta de investigación FED/FEIL/FEILC-OAX/000005/2026.
En respuesta a solicitudes de información realizadas por EL UNIVERSAL, el organismo explicó que los reportes y comunicaciones del centro de mando forman parte de esa investigación penal en curso. Por ello, consideró que su difusión podría afectar el debido proceso, revelar líneas de investigación, identidades y actuaciones aún no concluidas, además de entorpecer la labor ministerial.
El Comité reconoció que existe interés público en conocer detalles sobre el accidente y el estado del material rodante; sin embargo, sostuvo que entregar información técnica detallada o copias completas de las comunicaciones generaría un riesgo mayor para la seguridad y la operación del proyecto ferroviario que el beneficio de transparentarla en este momento.
La reserva se estableció por un plazo inicial de cinco años, contados a partir de la fecha del acta correspondiente, con posibilidad de revisión anticipada si desaparecen las causas que justificaron la clasificación.
