Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) hizo una alerta a las comunidades indígenas tének y nahua, ciudadanía, y las organizaciones defensoras de la vida y el territorio, ante la detección de una estrategia de Pemex para imponer, de manera preliminar, la explotación de hidrocarburos mediante fracking en la Huasteca Potosina en el municipio de San Antonio.
Juan Felipe Cisneros Sánchez informó que, tal como el OIM había pronosticado, se aprovechó la coyuntura del Mundial de Fútbol para iniciar con acciones encaminadas a consolidar los proyectos planteados en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, pues el pasado 30 de junio, día en que jugó la Selección Mexicana, la paraestatal envió al Ayuntamiento de San Antonio una solicitud de conformidad respecto a la seguridad y ubicación de material explosivo.
A través del oficio PM-DEE-SE-GG-426-2026 de fecha 27 de mayo de 2026, signado por el representante legal de Pemex, Rubén Antonio Aranda Benítez, se informa al presidente municipal Benito González Hernández que cuentan con el Permiso General número 63-S.L.P vigente, el cual detalla que el municipio está autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el consumo de material explosivo para la prestación de servicios de la empresa.
Por ello, solicita que se otorgue la forma y sello de conformidad en el formato RFA-EXM-001 que se anexa, denominado “Conformidad respecto de Seguridad y Ubicación del lugar de consumo”, que es un documento solicitado por la Sedena.
Adjuntan de este tres tantos para la secretaría, otro para el gobierno estatal y uno más para Pemex, así como una Constancia de Seguridad expedida por Protección Civil, para así mantener actualizado el permiso para la utilización de material explosivo dentro de la jurisdicción municipal.
El activista calificó este acto como un flagrante “albazo” administrativo y una muestra de absoluta mala fe. Evidencia que Pemex busca presionar a las autoridades locales para obtener un aval rápido mientras la atención pública se encuentra dispersa en el evento deportivo, repitiendo un patrón histórico de despojo legalizado.
Asimismo, refirió que San Antonio no es el único municipio al que Pemex presiona, pues se tiene conocimiento de que opera bajo este mismo esquema en otras demarcaciones clave de la Huasteca Potosina, entre estas Ébano, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Tancanhuitz, y Matlapa; y que es posible que las administraciones municipales, en su prudencia, no quieran dar a conocer estos actos.
Puntualizó que esta solicitud incurre en una ilegalidad e inviabilidad absoluta debido a que resulta inadmisible y contradictorio que, mientras en el país se inicia el proceso de consulta para la Ley General de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, en el territorio se cometan estas agresiones directas contra las comunidades tének y nahua.
“Pemex y el Gobierno Federal han omitido por completo realizar en tiempo y forma una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, ignorando el artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Cualquier firma unilateral del Ayuntamiento sin la asamblea comunal vicia el acto de nulidad absoluta”.
Cisneros Sánchez enfatizó que cualquier acto de pretender consultar en este momento no sólo es extemporáneo, sino un acto más de mala fe, por lo que las comunidades tének y nahua de la Huasteca Potosina han declarado que no dan consentimiento a cualquier proyecto de exploración o explotación de hidrocarburos en la región.
“Resulta grave que la presidencia de la República falte a su palabra empeñada de prohibir legalmente la fracturación hidráulica en el país. El Plan Estratégico de Pemex avanza de facto sin que siquiera se haya emitido el dictamen manifiesto de su propio Comité Técnico de Expertos a modo, encargado de evaluar la viabilidad de esta técnica”.
Agregó también que a la fecha no existe una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, destacó que el uso de explosivos en la geología kárstica de la Huasteca fracturaría de forma irreversible los flujos subterráneos de agua, contaminando el sistema hídrico vital de la región.
“Estas acciones unilaterales de las dependencias federales y Pemex solo generarán una profunda inestabilidad social y política en el estado de San Luis Potosí, rompiendo la paz comunitaria y el tejido social de la región”.
La urgencia de tejer redes de resistencia
Frente a la embestida extractivista, Cisneros Sánchez indicó que el OIM hace un enérgico llamado a tejer redes de resistencia inmediata, por lo que conmina a las comunidades indígenas de la región a prepararse para una amplia y visible movilización y protesta pacífica por la defensa de la vida, el agua y la prohibición absoluta del fracking en la Huasteca.
De igual forma, hizo un llamado a activar las asambleas ejidales, comunitarias, y de usos y costumbres, para mantener en los hechos el no consentimiento a la exploración y explotación de hidrocarburos.
A los defensores de derechos humanos, les pidió coadyuvar en la preparación de las defensas jurídicas y los juicios de amparo ante la inminente vulneración fáctica de los derechos ejidales y comunales. Asimismo, a Alianza Mexicana Contra el Fracking y otras organizaciones ambientalistas, les solicitó coordinar los análisis técnicos y la presión civil organizada para frenar la entrada de equipos de prospección sísmica profunda.
