Las omisiones en los procedimientos de adjudicación de obra pública y adquisiciones se han convertido en una práctica recurrente en los municipios, advirtió el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, al señalar deficiencias sistemáticas en la integración de expedientes y el cumplimiento de la ley.
Lo anterior, en el contexto del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) del INEGI, que revela que durante 2024 el 98 por ciento de las contrataciones municipales se realizaron mediante adjudicación directa, es decir, fuera de los esquemas ordinarios de licitación pública o invitación restringida.
“El problema no es únicamente el uso de la adjudicación directa, ya que la ley contempla excepciones, sino que los entes municipales no integran correctamente los expedientes que justifican estas decisiones, lo cual ha sido una constante en nuestras observaciones”, explicó el Auditor Superior del Estado.
Lecourtois López señaló que, aunque el IFSE ha optado por una política de acompañamiento y capacitación a los municipios, persisten prácticas que derivan en contrataciones más costosas para el erario. En algunos casos, indicó, se detectan bienes o servicios efectivamente entregados, pero con sobreprecios derivados de la omisión de los procedimientos legales.
“Al no seguir los procesos establecidos, terminan contratando en condiciones más onerosas, lo que representa un perjuicio directo para la ciudadanía”, puntualizó.
El titular del IFSE también subrayó la necesidad de reforzar el marco legal estatal en materia de adquisiciones y obra pública, con el objetivo de cerrar los vacíos que permiten el uso indiscriminado de excepciones a la licitación pública.
En este sentido, hizo un llamado a trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo para homologar las reformas federales y establecer mecanismos más estrictos, así como sanciones ejemplares contra funcionarios que incurran en estas prácticas.
Finalmente, aclaró que el estudio del INEGI ofrece una radiografía cuantitativa del fenómeno, al evidenciar el uso extendido de la adjudicación directa, aunque no profundiza en la calidad de los procesos ni en las condiciones específicas de contratación.
La advertencia del IFSE coloca nuevamente en el centro del debate la transparencia en el ejercicio del gasto público municipal, en un contexto donde las excepciones legales parecen haberse convertido en la regla.
