Wilbert Joseph Castañeda Gómez, un ciudadano mexicano con doble nacionalidad, fue detenido en Venezuela hace ya cuatro meses. La organización Foro Penal ha señalado que no ha podido localizarlo, y hace un llamado al gobierno mexicano, especialmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se pronuncie sobre su caso. Castañeda, que también es estadounidense y fue miembro de la Armada de EE. UU., fue arrestado el 1 de septiembre pasado, y según las autoridades venezolanas, estaba vinculado a un intento de desestabilizar el país.
El Foro Penal Venezolano incluye a Castañeda en su lista de los casi 1,800 “presos políticos” que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en custodia. Alfredo Romero, director de la ONG, ha señalado que pese a los esfuerzos, no han podido encontrar al mexicano ni ofrecerle la asistencia legal correspondiente.
La situación ocurre en un contexto de creciente represión en Venezuela, donde las protestas contra las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la oposición acusa de fraudulentas, han dejado muertos y desaparecidos. Romero critica el silencio de la administración de Sheinbaum sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y sostiene que el gobierno mexicano debería actuar, independientemente de su postura sobre la soberanía venezolana.
La detención de Castañeda fue inicialmente reportada por el ministro chavista Diosdado Cabello, quien lo acusó de ser el líder de un grupo de “mercenarios”. La madre de Castañeda, residente en Houston, explicó que su hijo se encontraba en Venezuela por motivos personales y no tenía relación con los conflictos internos del país.
El gobierno mexicano aún no ha proporcionado detalles sobre el caso, a pesar de los derechos consulares que le corresponden a cualquier mexicano detenido en el extranjero. En contraste, otros países como Colombia, Chile y Brasil han expresado su condena por la represión en Venezuela, y líderes como Gustavo Petro, Gabriel Boric y Luiz Inácio Lula da Silva han condenado el régimen de Maduro.
En este contexto, organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado al gobierno venezolano de llevar a cabo “terrorismo de Estado” y una represión sistemática antes, durante y después de las elecciones, buscando mantenerse en el poder de manera ilegítima.
