Un nuevo informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió nuevamente las alertas sobre la crisis de desapariciones en México, al señalar deficiencias estructurales en la actuación del Estado, así como riesgos persistentes para familiares y personas buscadoras.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), el informe documenta la existencia de múltiples obstáculos que enfrentan las familias de personas desaparecidas, entre ellos el acceso limitado a expedientes, largos periodos sin información oficial y, en casos más graves, amenazas e intimidaciones derivadas de sus labores de búsqueda, las cuales no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.
El documento también advierte sobre posibles casos de desapariciones forzadas vinculadas a redes criminales, incluyendo situaciones relacionadas con trata de personas y reclutamiento forzado. En algunos expedientes analizados por el Comité, se identifican indicios de colusión entre agentes del Estado y grupos delictivos, lo que agrava el contexto de impunidad en el país.
Uno de los datos más contundentes del informe es que México se mantiene como el país con el mayor número de acciones urgentes activadas ante el Comité a nivel mundial, con un total de 819 casos registrados. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron al menos 40 nuevas solicitudes, lo que refleja la persistencia y crecimiento del fenómeno.
Además, el organismo internacional subraya que el Estado mexicano presenta fallas graves en la protección de familiares y colectivos de búsqueda, así como retrasos significativos en las investigaciones, lo que compromete el acceso a la verdad y la justicia. Estas observaciones se suman a señalamientos previos que han puesto en duda la efectividad de las políticas públicas implementadas en los últimos años.
El informe del CED se da en un contexto de creciente tensión entre organismos internacionales, organizaciones civiles y el gobierno mexicano, particularmente por la narrativa oficial que ha minimizado la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas en el país. Diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, han respaldado los hallazgos del Comité y han advertido sobre la necesidad de reconocer la dimensión real del problema.
Finalmente, el documento refuerza la urgencia de garantizar la participación efectiva de las familias en los procesos de búsqueda y de fortalecer las capacidades institucionales para investigar y sancionar estos delitos, considerados entre las violaciones más graves a los derechos humanos.
