El Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación este viernes por la falta de avances en la investigación de denuncias de tortura y malos tratos en las cárceles ecuatorianas. Según el organismo, la investigación de estos presuntos abusos por parte de fuerzas de seguridad, personal penitenciario y militares aún muestra pocos resultados.
En su informe más reciente, que se basa en una revisión realizada el 9 y 10 de julio, el comité detalló los tipos de abusos denunciados, incluyendo golpizas con palos y cables metálicos, uso de gas pimienta, simulacros de ahogamientos y agresiones sexuales. Además, los expertos informaron sobre casos de hostigamiento e intimidación hacia periodistas y defensores de derechos humanos que han denunciado estos abusos.
Claude Heller, presidente del comité, instó a la implementación de un mecanismo de denuncia “independiente, eficaz, confidencial y accesible” en todas las cárceles del país. También pidió protección para las víctimas, sus familiares y testigos para evitar represalias.
El informe también abordó la grave sobreocupación en las cárceles ecuatorianas, atribuyéndola a una política penal punitiva y al uso excesivo de la detención preventiva. Además, se mencionaron excesos en la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción declarado entre enero y abril de 2024, que incluyó denuncias de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
En los centros de detención de menores, el comité encontró denuncias de aislamiento y medidas de privación de libertad para jóvenes, destacando la falta de información sobre medidas alternativas y la supervisión independiente en estos centros. También subrayaron la ausencia de mecanismos para investigar altos índices de violencia sexual en centros educativos, con 24,821 víctimas reportadas en la última década.
A pesar de estos problemas, el informe reconoció algunos avances positivos, como el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo y la reforma constitucional que establece la imprescriptibilidad de las penas por delitos sexuales contra menores.
