El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dijo que la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México han resultado en un alto número de decesos de menores, y lamentó el “alto número de desapariciones de niñas”, y “el alto número de feminicidios”.
También habló sobre “los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”, y de ”los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
México se sometió al escrutinio del Comité los pasados 19 y 20 de mayo. Este miércoles se dieron conocer las conclusiones del mismo, en las que el grupo de expertos que conforma el Comité puso énfasis en la situación y problemas por los que atraviesa la infancia en México.
Un tema en el que dedicaron varios apartados fue el referente a la explotación sexual, especialmente de niñas. Al respecto el Comité denunció el alto número de embarazos adolescentes como consecuencia de abusos, y se sorprendió del hecho que los violadores puedan evitar el castigo si se casan con la víctima.
Los expertos pidieron que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, y recordó que el alto número de interrupciones del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.
Otro de los asuntos en los que el Comité demostró su “gran preocupación” es en “los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
Los expertos lamentaron la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitaron que el Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.
Este día, el Papa Francisco aprobó el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por ello, en la última reunión del C9, el cardenal Sean O’Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.
Sobre la situación por la que atraviesan los menores migrantes en México, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto ”evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”.
En abril pasado, el Pew Research Center dijo que “el Presidente [Barack] Obama y otros funcionarios estadounidenses dijeron que [México] ha contribuido a una caída significativa en el arresto de menores en la frontera entre ambos países”.
En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) denunció en mayo que el control migratorio se ha intensificado en México como consecuencia del Programa Plan Frontera Sur, lo cual plantea importantes problemas humanitarios “especialmente para los niños migrantes”.
Al respecto, los expertos solicitaron que se “investigue, se procese y se castigue a los culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado”.
El Comité recordó que debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y su eventual deportación.
Los expertos también se refirieron a las corridas de toros y los efectos que éstas tienen tanto en los niños toreros como en los que son simples espectadores.
El Comité pidió explícitamente a México que prohíba a niños ejercer como toreros, una práctica que los expertos consideraron “trabajo infantil”. Pidieron que proteja a los menores espectadores de un espectáculo violento que les puede afectar negativamente.
Por otra parte, el informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier forma de explotación y violencia.
Con respecto a la justicia juvenil, el Comité lamentó que haya distintas legislaciones y que los niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en función de donde residan o donde lo hayan cometido.
Por otra parte, los expertos solicitaron a México que revoque las leyes que permiten reclutar a menores de 16 y 17 años, y que aumente la edad de reclutamiento voluntario hasta los 18 años.
“El Comité urge al Estado a penalizar explícitamente el reclutamiento y la participación de niños en las hostilidades, incluyendo en los grupos no estatales”. De hecho, los expertos se alarman del alto número de reclutamiento de niños por parte de los grupos organizados y la falta de penalización y persecución de esta práctica.
Con información de: Sin Embargo
