Una corte federal en Arizona ordenó hoy al controversial sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, suspender sus operativos migratorios, al dictaminar que son anticonstitucionales.
El dictamen, emitido este viernes por el juez federal G. Murray Snow, precisa que las disposiciones de Arapaio a sus agentes en la Oficina del Sheriff sobre asuntos migratorios, violan la cuarta y catorceava enmienda constitucional.
El fallo se da luego de que cinco residentes hispanos del condado de Maricopa interpusieran desde 2008 una demanda colectiva por violación de derechos civiles, al acusar a los agentes de Oficina del Sheriff de aplicar perfil racial para detener a hispanos e inmigrantes.
La demanda fue ventilada en un juicio en julio pasado, en el cual los cinco querellantes testificaron haber sido detenidos por agentes del sheriff durante las denominadas “redadas de supresión del crimen”, decretadas por Arpaio para detener a inmigrantes indocumentados.
El dictamen ordena a Arpaio suspender dichos operativos y le prohíbe “detener, retener y arrestar a los ocupantes latinos de un vehículo en el Condado de Maricopa con base sólo en la sospecha razonable de que esas personas se encuentran en forma indocumentada en el país”.
El fallo también impide aplicar políticas migratorias contra cualquier ocupante de un vehículo conducido y ocupado por hispanos en Maricopa, además de utilizar la raza o ascendencia latina como factor en la determinación de detener un vehículo con un ocupante de origen hispano.
También ordena suspender las detenciones de los ocupantes hispanos de un vehículo en caso de violaciones de tráfico, por un periodo más largo que el razonablemente necesario para resolver dicha infracción.
La prohibición incluye detener y retener a personas sobre la base de una sospecha de que están conspirando con su empleador para violar las sanciones a los propietarios de compañías de Arizona que deliberadamente contratan indocumentados.
En la demanda, Arpaio fue acusado de conducir desde 2007 redadas con un amplio número de agentes, enfocadas a detener personas de origen hispano para investigarlas sobre su estatus migratorio, utilizando “pretextos sin fundamento”.
Los demandantes, representados por abogados de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y del Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (Maldef), aseguraron que Arpaio participó en la autorización, planeación y supervisión de las redadas.
La querella que dio pie al dictamen de este viernes es independiente de la demanda interpuesta en mayo de 2012 contra Arpaio y su oficina, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La dependencia federal acusa al sheriff de discriminar a los residentes hispanos y de ejercer represalias contra sus críticos, por lo que pide que un juez federal emita una orden que excluya a los agentes del sheriff de prácticas discriminatorias.
También exige que se le obligue a implementar políticas y entrenamientos para remediar el “patrón de prácticas de conducta ilegal”.
http://www.excelsior.com.mx/global/2013/05/24/900815
