Desiree Madrid
Las órdenes de protección emitidas en contextos de violencia familiar han permitido la recuperación de entre 40 y 50 niñas y niños al año en casos relacionados con violencia vicaria, informó Esther Angélica Martínez Cárdenas, coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres (CJM).
La funcionaria subrayó que estas medidas han sido clave para acortar procesos legales que, en otras circunstancias, podrían prolongarse por meses o incluso años.
Durante una entrevista, Martínez Cárdenas explicó que la intervención institucional ha facilitado resultados concretos en la restitución de menores a sus madres.
“Gracias a las órdenes de protección se han podido recuperar muchos niñas y niños, fíjate, eso es un punto que hay que resaltar mucho”, señaló, pues estos mecanismos han permitido “abreviar lo que sería un juicio por violencia vicaria”.
La violencia vicaria, reconocida ya en diversas legislaciones estatales del país, se refiere a las agresiones ejercidas principalmente contra las mujeres a través de sus hijas e hijos. En este sentido, la coordinadora indicó que los CJM han logrado avances en la atención de estos casos, particularmente en la recuperación de menores que habían sido sustraídos o retenidos como forma de control o daño.
Sobre el número de casos atendidos, detalló que “según lo que me informó el departamento jurídico llevamos entre 40 y 50 niños”, cifra que corresponde a un corte anual. Sin embargo, aún no se cuenta con el cierre del primer trimestre del año en curso, por lo que los datos podrían modificarse conforme avance el registro institucional.
En cuanto a la capacidad de atención de los refugios y centros, la funcionaria descartó un escenario de saturación, situación que ha permitido mantener condiciones de atención adecuadas para las mujeres que acuden en busca de apoyo.
Martínez Cárdenas también apuntó a una posible disminución en la incidencia de este tipo de violencia, aunque los datos deben leerse con cautela.
“Sí, ha bajado el número de usuarias, eso es bueno, quiere decir que vamos por el camino, falta mucho por hacer, pero eso es una buena noticia”, comentó.
La reducción en el número de atenciones podría interpretarse tanto como un avance en prevención como un reflejo de otros factores, como el subregistro.
El contexto legal en torno a la violencia vicaria ha cambiado en los últimos años, con reformas que buscan tipificarla como delito y establecer sanciones específicas. Estas modificaciones han abierto la puerta a mecanismos más ágiles de protección, como las órdenes que permiten la restitución inmediata de menores sin esperar a que concluya un proceso judicial completo.
A pesar de los avances señalados, el fenómeno continúa representando un desafío para las instituciones encargadas de atender la violencia de género. La propia coordinadora reconoció que “falta mucho por hacer”, en un escenario donde la efectividad de las medidas depende no sólo de su existencia legal, sino de su aplicación oportuna y del seguimiento a cada caso.
