Estela Ambriz Delgado
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida; las 34 Contralorías Autónomas del Agua locales y regionales, y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, proponen cambios al proyecto de reforma de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la iniciativa de Ley General de Aguas (LGA), pues afirman que éstas conservan los mecanismos que han generado el sobre concesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación del recurso hídrico.
Luego de realizar el Foro de trabajo por el derecho al agua en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la tarde de este miércoles 15 de octubre, los pueblos, comunidades, academia y organizaciones que se congregaron, emitieron un comunicado en el que señalan diversos aspectos de las iniciativas que favorecen la privatización del recurso hídrico, por lo que hacen propuestas de fondo.
Señalan en particular algunos aspectos de la ley salinista que quedan intactos e incluso son reforzados, como mantener la privatización de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales bajo los mismos términos que han generado concesiones leoninas.
Además de que la “participación” se plantea a través de los Consejos de Cuenca, formados en la década de los 90, en los que sólo los gobiernos y grandes concesionarios tienen voz y voto.
Pretende también mantener el sobre concesionamiento, el acaparamiento, y el mercadeo del agua, a través de una nueva figura llamada “reasignación”, como un derecho del concesionario. Destacan que con ello la compra y venta de concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios ahora requerirá de la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin priorizar el derecho humano al agua y sin transparencia.
En este mismo sentido subrayan que el Fondo de Reservas de Agua reemplazará a los Bancos de Agua, y servirá como espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente ejidos y comunidades. Además de que se extiende de dos a seis años el periodo en el que los concesionarios podrán mantener sus volúmenes sin ocuparlos.
De igual forma, apuntan que la LGA propone una estrategia en seis etapas de 10 años para lograr el derecho humano al agua, es decir, 60 años; mantiene el sistema compra–venta de derechos al interior de los Distritos de Riego, que ha resultado del despojo de derechos en todo el país, aunque reconocen que se cierra la puerta al cambio de uso.
La reforma también plantea mantener el sistema autorregulado de pago de “derechos por contaminar”; favorece esquemas para la construcción y privatización de mega obras costosas y mal concebidas; y es permisiva en la destrucción de los acuíferos, al abrir la puerta a la extracción de gas por “métodos no convencionales”, como puede ser la fractura hidráulica o fracking.
Aunque reconoce el papel realizado por los sistemas comunitarios de agua, así como el de los sistemas de administración por pueblos indígenas, no ofrece ningún mecanismo para contar con los volúmenes requeridos, ni para tener acceso a la tarifa para uso público urbano, pues actualmente pagan la tarifa industrial. Además de que establece que la regulación de captación de aguas pluviales será competencia de la Federación.
Concluyen que esta LGA es enunciativa de una serie de principios sin aterrizajes, ya que las reformas a la LAN son mínimas y sigue sin mencionar a las mujeres, pueblos indígenas o sistemas comunitarios; sólo una vez se aborda el derecho humano al agua.
Las propuestas ciudadanas
Luego de observar las irregularidades mencionadas, los organismos autónomos elaboraron un documento en el que proponen diversos ajustes al articulador de las iniciativas, mismo que entregaron a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Consejería Jurídica y a LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Entre las propuestas destacan la desprivatización a fin de no permitir los arreglos “en corto” entre empresas y políticos que han resultado en la concesión de grandes obras hidráulicas y sistemas municipales, pues a pesar de que las empresas en todos casos los incumplen, son imposibles de terminar antes de los largos plazos para los que fueron firmados.
También plantean el acceso equitativo del recurso hídrico al obligar a la Conagua a extinguir los volúmenes sobre los que grandes concesionarios no han pagado derechos, incluyendo extracciones agrícolas excesivas, y usarlos para corregir la sobreexplotación de cuencas y acuíferos, así como el despojo de pueblos indígenas, sistemas comunitarios, ejidos, comunidades, y productores autosustentables.
De igual forma, el garantizar la democracia al remplazar los Consejos de Cuenca con Consejos Regionales de amplia participación, que incluya al sector indígena, sistemas comunitarios, comunidades afectadas por la contaminación, investigadores, defensores del medio ambiente y representantes de los tres órdenes de gobierno.
Se sugieren planes inmediatos y vinculantes acordados por los Consejos Regionales para cumplir con los objetivos propuestos a 60 años en la LGA, como garantizar servicios de agua y saneamiento de calidad; erradicar la contaminación de los cuerpos de agua; lograr una distribución equitativa del agua; restaurar los ecosistemas que sustentan la generación de agua; y fortalecer la transparencia y acceso a la información.
Además del cobro de los permisos de descarga para financiar inspecciones, monitoreo ciudadano y telemétrico en tiempo real; exigir reparación de daños a la salud y al ambiente; revisión de propuestas de obras, para asegurar que estas tengan más beneficio y menos costo en términos sociales, hídricos y ambientales; así como la prohibición del fracking.
