“Yo comparo a Andrés Manuel con una gran cámara que permitirá ir descubriendo en la oscuridad lo que ha pasado en México, lo que hemos vivido, nos vamos a asombrar de conocer un Estado, un país, un Gobierno al desnudo; nos vamos a horrorizar”, dijo Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y activista de los derechos humanos.
El Presidente de México reveló durante su conferencia matutina que no ha leído su propio archivo: “No, pero se van a abrir los archivos secretos, no va a haber limitación. Estoy por firmar el decreto”.
Alejandro Solalinde, uno de los activistas en materia migratoria más importantes del país, que enfrentó tanto a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto como un fuerte opositor; que incluso llamó a la última administración como “un Gobierno asesino”, también habló de lo que de seguro será “un expediente gordísimo” con su nombre.
Solalinde Guerra recordó que en esas reuniones de espionaje decían: “‘Ya mero va a caer Solalinde, nada más que diga que voten en contra del PRI, que voten a favor de Morena, tenemos ahí un delito electoral’, y no se quedó con las ganas, porque sí me pusieron una denuncia penal por delitos electorales”.
En 1956, cuando Gutiérrez Barrios hacía funciones de inteligencia, detuvo personalmente al joven Fidel Castro y desmanteló una célula del Movimiento “26 de Julio”, que se preparaba a invadir Cuba. El veracruzano entregó un informe –hoy abierto en el Archivo General de la Nación– titulado “Conjura contra el Gobierno de la República de Cuba”, que describe los detalles del plan de Castro en México. Foto: Archivo, Presidencia
El Cisen se creó el 13 de febrero de 1989 con la desaparición de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez sucedió a la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
En ésta última destacó, por ejemplo, la figura de Fernando Gutiérrez Barrios, quien inició su influyente y también polémica carrera política en el Ejército y de ahí pasó a laborar en la Dirección Federal de Seguridad, el brazo del Gobierno y de los presidentes que hacía servicios de inteligencia y seguridad nacional.
Gutiérrez Barrios fue titular de la DFS en años definitivos para la lucha social en México de 1964 a 1970. Esos años correspondieron al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y la policía secreta del Gobierno federal, está ya registrado y reconocido, fue uno de los aparatos represivos que ese régimen usó contra sus opositores, incluida la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
De acuerdo con archivos desclasificados, la Dirección Federal de Seguridad a cargo de Gutiérrez Barrios realizó labores de espionaje, contrainsurgencia y represión contra los movimientos sociales y políticos de izquierda en los 60 y 70, durante la llamada “guerra sucia”.
Años más tarde, el 1 de diciembre de 1988, el Presidente Carlos Salinas lo nombró Secretario de Gobernación, un puesto que ocupó hasta 1993 y desde donde también participó directamente en la creación del Cisen.
Más recientemente, según denuncias de afectados y ex funcionarios, el Cisen fue usado también en la guerra contra el crimen organizado, pero organizaciones civiles y el propio López Obrador destacan que desde ahí se siguió con la práctica de vigilar a los políticos que no estuvieran de acuerdo con el Gobierno en turno.
Al respecto, Alejandro Solalinde agregó que espera ver también, con la apertura de los archivos de espionaje del Cisen, nombres de periodistas y sacerdotes asesinados.
“Le aseguro que se va a saber mucho, a la gente le va a faltar tiempo para saber de todo lo que había. El Cisen es un servicio de inteligencia no al servicio de México, sino al servicio del Gobierno en turno”, dijo.
La masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968, fue cometida de manera conjunta por el grupo paramilitar Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército. De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969, y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz. Foto: Archivo, UNAM
MUCHOS INOCENTES Y CULPABLES: SICILIA
Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), consideró que con la apertura, será interesante observar si habrá expedientes que sí merecían ser investigados.
“Porque seguramente habrá muchos inocentes, como el propio Andrés Manuel, como yo, como muchas otras gentes y seguramente habrá criminales que tienen abiertos expedientes. No permitir que en nombre de un perdón abstracto, gente que fue investigada legítimamente no se continúe la investigación. Hay muchos inocentes, pero también muchos culpables”, dijo.
El también poeta y escritor precisó que lo que está buscando el Presidente de la República en su lucha contra el robo de combustible y otros crímenes en el país, no se hará con el Ejército.
“Se va hacer atacando directamente a responsables que siguen vinculados con redes de criminalidad y muchos de ellos estarán muchos expedientes”, añadió.
Los delincuentes, dijo, podría argumentar una violación a sus derechos humanos, para librar juicios en sus contra.
“Por eso deben antes de ponerse a la luz pública esos expedientes, hacer un trabajo selectivo. Decidir qué se tiene que mantener en un proceso de investigación y qué no. Quiénes fueron investigados perversamente”, anotó.
Sicilia Zardain indicó que habría que buscar un trabajo de inteligencia para el país, deslocalizado de los poderes, pero a cargo de la sociedad civil.
“No se puede prescindir de una labor de inteligencia, sobre todo en un país tan corrompido, con delincuentes enquistados en el aparato de Estado. Habría que replantear cómo se puede hacer un trabajo de inteligencia sano para el país”, expuso.
APERTURA SIN PRECEDENTES DEBE SER CUIDADOSA
Expertos en materia de seguridad consideraron el anuncio de López Obrador como una señal clara de rompimiento con el régimen del PRI y del PAN.
“Había una parte del archivo nacional del país reservada, no va a haber reserva. Se van a poder consultar todos los expedientes”, dijo el Presidente el miércoles.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice, consideró la decisión de López Obrador “sin precedentes”.
“Que sí muestra un rompimiento entre una forma de hacer Gobierno y otra, me sorprendió mucho. Es muy importante porque ya sabiendo cómo se espió a personas que estaban en contra del régimen, es probable que el expediente de López Obrador sea muy nutrido. Sabemos a lo que se dedicaba el Gobierno de México, me da la impresión de que se sabe que hay mucha información y que por eso mismo se ha tomando esa decisión”, dijo.
Correa -Cabrera agregó que un anuncio como el que realizó el Jefe del Ejecutivo se hace cuando hay un cambio de régimen importante.
“Estamos hablando de la inteligencia de un país, de lo que está haciendo su Gobierno. El Cisen es un organismo del Gobierno mexicano que fue creado para proteger la seguridad de la nación, los trabajos que hace una agencia de este tipo son muy importantes, pero, ¿por qué López Obrador quiere hacer esto?, ¿qué sabe que hay ahí? Si el Cisen estuviera haciendo su trabajo debería tener información muy delicada para proteger al país, pero parece ser que abriéndola no espera encontrar ese tipo de información delicada, sino información de espionaje contra la gente que no era afín del Gobierno”, argumentó.
Erubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA), consideró que la apertura de los archivos del Cisen es una “buena señal en términos de apertura y democratización”.
“La cuestión es el cómo y en ese sentido no tenemos mayor información. Habría que ver cómo se va aperturar. Hay que recordar que en países del antiguo socialismo en Europa del Este, los archivos fueron abiertos en forma incondicional a la ciudadanía, tenían derecho a acudir y revisar si habían sido sujetos de espionaje del Estado. No estamos seguros como será aquí”, explicó.
El académico planteó que la decisión debería ser no sólo del Ejecutivo, sino también del poder Legislativo.
“Debe ser una medida en la que no solamente el Ejecutivo federal tenga mano, sino que debe preservarse la cuestión de los expedientes abiertos, hay una ley sobre datos públicos y personales. El INAI [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] importante. Si hay asuntos que están vinculados con procesos abiertos en términos jurisdiccionales, eso se debe valorar. No tiene que ser una decisión a raja tabla”, dijo.