San Luis Potosí, 5 de abril de 2026 — En un llamado público cargado de urgencia y desesperación, Francisco Terrazas González, habitante de la comunidad El Cafetal, en el municipio de Tamasopo, dirigió una carta abierta al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para solicitar su intervención en la liberación de su hija, quien actualmente se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Xolol.
En el documento, difundido a través de redes sociales, Terrazas González expone un conflicto que, asegura, ha arrastrado durante varios años en torno a una pequeña fracción de terreno de su propiedad. Lejos de representar un beneficio económico, afirma que dicha tierra le ha generado una cadena de problemas legales y personales, al grado de afectar directamente a su familia.
El punto más delicado de su denuncia es la situación de su hija, Vianey Terrazas Portabales, quien —según su versión— enfrenta una acusación por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa que “nunca existió” y que, sostiene, ha sido fabricado. En ese contexto, el padre recuerda que él mismo fue detenido hace menos de tres años, pero tras una audiencia pública ante la Fiscalía de Río Verde, fue declarado inocente y no vinculado a proceso.
Terrazas González asegura que su único “error” ha sido ser propietario de ese terreno, ubicado en una zona cercana al paraje turístico Puente de Dios, donde —afirma— se genera una importante derrama económica de la cual no ha recibido lo que considera justo. Señala además que intereses externos, a los que describe como “ambiciosos venidos de otras latitudes”, han influido en su situación, presuntamente respaldados por estructuras de poder.
Como parte de su petición, el habitante de El Cafetal plantea una salida inusual: está dispuesto a ceder su propiedad al Estado para que sea administrada en beneficio público, a cambio de que se garantice la tranquilidad de su familia y se revise el caso de su hija. “El valor de la tranquilidad no se compra con dinero”, expresa en su carta.
Asimismo, solicita la conformación de una comisión oficial que acuda a su comunidad para dialogar directamente y establecer las bases de un posible acuerdo. De manera puntual, pide al Ejecutivo estatal que gire instrucciones para que su hija sea puesta en libertad y pueda enfrentar el proceso legal en condiciones justas.
El ciudadano, quien se identifica como miembro reconocido de los ejidos La Palma y Tamasopo, concluye su mensaje con una disculpa por hacer pública su situación y con una frase que sintetiza su postura: “Lo que tenga que ser del pueblo, que lo administre el Estado”.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no ha emitido una postura oficial respecto a este caso.
