Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en el antro Rich, ha presentado un juicio de amparo con el objetivo de obligar a las autoridades a informar sobre el proceso de responsabilidad contra funcionarios que, por acción u omisión, permitieron el funcionamiento irregular del establecimiento.
El padre de familia denunció que la Contraloría General del Estado está encubriendo a servidores públicos involucrados y ha bloqueado el acceso a la investigación solicitada por los familiares de las víctimas. Este proceso busca que los responsables asuman su responsabilidad moral y legal, ya que la falta de medidas adecuadas permitió las condiciones que derivaron en la caída de los jóvenes desde el tercer piso de la plaza Alttus.
Ante la negativa de la Contraloría, encabezada por Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, de entregar el dictamen final de la investigación a los afectados, Infante recurrió a la vía legal para exigir transparencia en el caso.
“El contralor está protegiendo a funcionarios estatales involucrados, incluyendo la Dirección de Gobernación, Protección Civil, Coepris y la Secretaría de Finanzas. Esto demuestra un claro acto de encubrimiento, opacidad y corrupción”, acusó Infante.
El juicio de amparo fue promovido en un juzgado de distrito del Noveno Circuito, donde se espera que no solo sea admitido, sino que también derive en una resolución que obligue al gobierno estatal a tomar medidas legales contra quienes resulten responsables, ya sea por su actuación o por negligencia en la supervisión del antro Rich.
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