La fortuna de Germán Larrea no ha dejado de crecer en los últimos años hasta convertirlo en el segundo hombre más rico del país. El reciente reporte de Oxfam de México indica que la hacienda de Larrea creció 125 por ciento en términos reales desde el inicio de la pandemia (www.oxfammexico.org). Minera México, de Grupo México, de Germán Larrea, es corresponsable junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno de Vicente Fox del mayor desastre humano de la minería contemporánea, el siniestro ocurrido hace 18 años, el 19 de febrero de 2006, en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, donde fueron heridos 11 trabajadores y fallecieron 65 mineros; los restos de 63 de ellos yacen aún en el interior del socavón, haciendo sufrir ininterrumpidamente a más de 600 familiares directos, entre ellos a 160 huérfanos.
La Organización Internacional del Trabajo determinó en 2009 (GB.304/14/8 (rev.): “82… el Comité sólo puede concluir que Industrial Minera México SA. no ha cumplido sus obligaciones como propietario y como responsable de la explotación de la mina, situación que trajo aparejada esta trágica pérdida de vidas humanas”. Secundó lo que la CNDH emitió en la Recomendación 26/2006: “En razón de los argumentos expuestos, se acreditan violaciones a los derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa Industrial Minera México, SA de CV, así como de las 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la STPS toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Por haber lesionado “el bien jurídico más preciado que tiene el ser humano: la vida de las personas”, Larrea desembolsó por cada minero, según las leyes de Coahuila, la ridícula cantidad de 182 mil 629.20 pesos. Eso para que cinco de sus directivos no pisaran la cárcel. Maniobró ante la autoridad judicial para el sobreseimiento del caso, evadiendo, hasta ahora, la finalidad del juicio, establecer la verdad jurídica de lo ocurrido y llegar a una conclusión: se es inocente o se es culpable. En el caso de la muerte de los mineros del carbón, estamos sin conclusión. Larrea no deja de pregonar que ya pagó, que ya reparó y que ya indemnizó como “nunca se había hecho en México”.
Igual se han defendido todos los gobiernos posteriores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe Núm. 12/18. Admisibilidad), a la que acudió en 2010, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, encabezando a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), acompañada del Centro Miguel Agustín Pro y del Cereal: se ha cumplido con todas las reparaciones. Felipe Calderón adujo que el rescate de los restos de los mineros no era técnica ni humanamente posible, e incluso negó a los familiares de la OFPC la calidad de víctimas. Se le sumó Enrique Peña, aferrándose a que sólo lo eran las viudas. Javier Lozano jugó un papel decisivo en la obstaculización y manipulación mentirosa del caso. En resumen, estamos frente a hechos que han quedado impunes y no han sido adecuadamente investigados ni reparados porque aún no hay rescate de los restos de los trabajadores.
Según el reporte 82 de la Comisión Federal de Electricidad (6 de febrero de 2024), a la que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encargó ejecutar dicho rescate, apostando a que es técnica y humanamente posible, sitúa el avance de 2020 a la fecha, de la construcción de dos túneles principales: una rampa de acceso en 65 por ciento de la obra y en 67 por ciento otra rampa de ventilación. También se informa de la perforación de dos lumbreras, pozos verticales que conectarán con dichas rampas y llegarán a las galerías siniestradas, una está a 100 por ciento y la otra a 75 por ciento de avance. Sólo hasta entonces se estaría en posibilidades de arrancar lo que propiamente serían las obras del rescate de los trabajadores.
El derecho que tienen las víctimas a la verdad empieza por localizar los restos, recuperarlos y darles sepultura. Es el medio fundamental e irrenunciable de reparación y, por lo tanto, la expectativa que el Estado debe satisfacerles, así como a la sociedad como un todo. Un mausoleo, obras de infraestructura (dos polideportivos, la reparación de la plaza), indemnización por familia de más de 3 millones de pesos y la satisfacción del derecho a la vivienda (sea ampliada, reparada o creada hasta cierto límite) pueden ser mucho o poco, según, pero en realidad es nada ante la magnitud de la pérdida. Sólo el rescate, la investigación para saber qué pasó, la sanción a los responsables y las medidas de no repetición se pueden colocar por encima de la avaricia empresarial y la negligencia estatal que causan dolor y muerte. Por eso, ante el retraso de un compromiso presidencial que va en camino, pero que aún está incumplido al 19 de febrero de 2024, las víctimas, especialmente los huérfanos, seguirán clamando: ¡rescate, ya!
La Jornada
