Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subestimó de manera sistemática sus ingresos, lo que le permitió gastar 1 billón 823 mil millones de pesos de manera discrecional, es decir, fuera del control y monitoreo de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la mayor parte de este gasto discrecional se concentró en el opaco Ramo 23, que derrochó un billón 371 mil millones de pesos –un 81% más de lo presupuestado– en transferencias de recursos a estados y municipios.
Se conoce al Ramo 23 como una herramienta para comprar la lealtad de los gobiernos locales y legisladores, o para castigar a los opositores.
Además, la administración de Peña Nieto utilizó esta bolsa paralela para incrementar gastos en secretarías y para entregar 61 mil 659 millones de pesos a ciertos medios de comunicación –principalmente Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, El Universal o la Organización Editorial Mexicana, entre otros– a través de la publicidad oficial.
A la par, el gobierno de Peña Nieto agravó las finanzas del país: la SHCP –que fue dirigida por Luis Videgaray Caso, Meade y José Antonio González Anaya- adquirió 2 billones 930 mil millones de deudas, por lo que ahora México debe reembolsar 8 billones 863 mil millones de pesos, equivalentes a un 35.3% de su PIB.
Tan solo en 2018, las secretarías de Turismo, de Energía y la Oficina de la Presidencia rebasaron en más de un 100% sus presupuestos aprobados durante el sexenio.
La oficina de Peña Nieto incluso gastó un 981% más en suministros y materiales respecto a lo que tenía programado, y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por la que pasaron Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña, Enrique Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña, disparó en un 511% sus gastos en servicios generales.
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