Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), señala que Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo es una crónica con la que desea “aportar un grano de arena al esfuerzo colectivo de evidenciar lo sucedido en la administración de Enrique Peña Nieto”.
Durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto “se desplegó el esfuerzo de un grupo político por implantar su voluntad y trasladar las metodologías políticas de una entidad, el Estado de México, a toda la República”, asegura Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo.
Fallaron los que trataron de “implantar su voluntad”, sin embargo, lastimaron a personas e instituciones, explica Nieto Castillo.
“Sus historias merecen contarse para impedir que haya otra administración que de forma tan acelerada corrompa hasta el último espacio de vida pública para proteger sus intereses. Fue un gobierno de cuates. El país no aguanta otro sexenio con estos niveles de corrupción e impunidad. Simplemente, de 2012 a 2018, se llegó a lo intolerable”, plantea Nieto Castillo, quien ahora encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por cortesía de Grijalbo, SinEmbargo presenta a sus lectores el prólogo y la introducción de Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo.
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PRÓLOGO
Hace años que conozco al doctor Santiago Nieto Castillo. Con el paso del tiempo, mi respeto, aprecio y admiración se han acrecentado. Santiago es un profesor y académico brillante, y en ese ámbito tiene un gran futuro, pero como servidor público es excepcional, pues a sus cualidades intelectuales se suman sus dotes administrativas y organizacionales, además de su creatividad jurídica.
Santiago es una víctima de un sistema que se niega una y otra vez a consolidarse democráticamente; víctima de la gran corrupción política y la impunidad imperantes en nuestro país. El sistema rechaza a funcionarios como él (a pesar de sus muchos méritos y cualidades): mientras premia la obediencia ciega y la complicidad, castiga los comportamientos éticos.
Este libro expresa las contradicciones de nuestro sistema político, el cual es democrático de manera formal. Así se señala al menos en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales. Sin embargo, en los hechos, está muy lejos de ser democrático. Su andamiaje institucional y las prácticas que al interior de las instituciones se dan nos colocan muy lejos de la democracia y nos acercan a las tipologías de los regímenes no democráticos que Juan Linz analizó magistralmente hace ya algunas décadas.
En sus memorias, Santiago hace un retrato de los casos que conoció como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR). Ese estudio prueba su rebeldía frente a la realidad, lo cual en México significa todo un acontecimiento si pensamos en la cotidiana subordinación y sumisión de las autoridades al poder en turno. En México no hay instituciones efectivamente independientes que realicen el control del poder cuando éste actúa injusta, arbitraria o antijurídicamente. Las instituciones creadas para esos fines se someten al poder formal del gobernante en turno y a los poderes fácticos.
Santiago Nieto encabeza actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
El libro de Santiago acredita las dificultades que tiene un titular de un órgano fundamental del Estado para cumplir con la Constitución y la ley. Cuando aparecen perfiles como los de este fiscal en el escenario nacional, comprometidos precisamente con la Constitución y la ley, la respuesta de los personajes y de las estructuras de poder es la persecución y la destitución, tal como fue su caso.
El poder en México está diseñado para mantener un statu quo aliado de los privilegios políticos o económicos de unos cuantos. El poder en nuestro país no está construido para transformar la realidad en beneficio de las mayorías, y tampoco para materializar a plenitud los derechos humanos ni los principios y procedimientos democráticos.
En cada caso que presenta, Santiago evidencia las dificultades que le oponía el poder para realizar las funciones constitucionalmente encomendadas. Del mismo modo, abunda en cómo las instituciones y sus funcionarios pueden ejercer sus encargos sin dificultades cuando son dóciles a las reglas no escritas del sistema.
Santiago describe así las condiciones de la Fepade antes de que tomara posesión de su cargo:
A lo largo de 2014 se había ejercido acción penal sólo en 64 investigaciones. Esto significaba que los 89 ministerios públicos de la Fepade habían consignado menos de una averiguación previa por cabeza en todo el año […]
[El] 92% de los asuntos en la cancha de la Fepade tenían que ver con el delito de alteración al Registro Federal de Electores, pero los conflictos por el uso ilícito de programas sociales y la violencia en contra de autoridades electorales crecían sin que nadie hiciera algo para impedirlo desde la órbita de la procuración de justicia.
En distintas ocasiones, Santiago habla de la prepotencia de los gobernadores y la costumbre que tienen de comprar, amedrentar o cooptar a funcionarios y opositores, como es el caso de Manuel Velasco en Chiapas. Así lo narra:
[El gobernador] me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida: “¿Sabes que tu jefa es mi amiga?” Se refería a la entonces titular de la PGR […] “Sí, gobernador” […] “¿Y sabes que es mi tía?” […] Mi respuesta fue idéntica […] “¿Qué quieres?”, soltó altanero. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del estado. Mencioné que la Ley General en Materia de Delitos Electorales obligaba a la Fepade a trabajar con el INE y los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar de forma conjunta el modelo del blindaje electoral […] Velasco me interrumpió de forma abrupta […] “Está bien, ¿cuánta lana quieres?”
El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales exhibe los abusos de poder de políticos y partidos, y prácticas ilegales de servidores públicos en el sexenio de Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Más adelante, Santiago expone las dificultades para consignar a servidores públicos protegidos por gobernadores u otros funcionarios de la Federación debido al sometimiento histórico del poder Judicial al poder político local o federal. Un ejemplo es el caso de Veracruz, Javier Duarte y la Sedesol. En tres ocasiones la Fepade pidió a la justicia federal que se giraran órdenes de aprehensión en contra de funcionarios federales y de ese estado por condicionar programas sociales a cambio de votos. Sólo después de insistir y reelaborar varias veces las carpetas de investigación, se lograron las órdenes de aprehensión por esos hechos en contra del exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, un expresidente municipal de Boca del Río, el exdelegado de Sedesol y una regidora en ese entonces en funciones.
Estas memorias señalan a los personajes intocables del régimen. Ejemplo es el asunto relacionado con Arturo Escobar, exsubsecretario de Gobernación, quien fue imputado por delitos electorales. Para salvar a su aliado y presionar a la Fepade, los dirigentes del PRI Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa lanzaron ataques mediáticos contra el titular de la Fepade durante una semana. Después vino otra semana de presión y de campaña mediática por parte de los legisladores del PVEM, quienes exigieron la renuncia de Nieto y le solicitaron a la Procuraduría su remoción.
La impunidad parece necesaria para el sistema político mexicano. En ese sentido, Santiago expone la defensa de Escobar que hizo César Camacho, el líder de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados en ese momento:
La conversación con Camacho fue muy enriquecedora. Dijo que mi actuación había generado un cisma en el PRI y el PVEM. “En los hechos le pegaste al número dos de la coalición gobernante.” […] Explicó que el deslinde que el gobierno hacía con respecto a mí se interpretaba a la luz del “artículo primero de la ley de hilvanados y tejidos: el hilo se rompe por lo más delgado”.
Santiago describe formas antiguas y contemporáneas del fraude electoral. Entre las últimas alude al fraude electoral cibernético de 2015 en Chiapas. Nos dice que la legislación chiapaneca preveía la votación por un diputado migrante, elegido entre los ciudadanos chiapanecos que se registraran desde el extranjero. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado emitía un acuerdo para que las personas interesadas se registraran por internet y eran, por la misma razón, dadas de baja de los listados nominales de electores ordinarios. En este caso concreto se inscribieron un total de 17 mil personas.
El día de la jornada electoral, dos ciudadanas de Tapachula fueron a votar, pero les dijeron que no estaban dadas de alta en el listado nominal porque aparecían en el de electores en el extranjero, lo cual era imposible, pues no habían salido del país. El INE detectó que más de 6 mil registros eran falsos, lo cual dejaba al listado de residentes en el extranjero con poco más de 10 mil nombres. Los resultados electorales arrojaron los siguientes resultados: el PVEM tuvo 3 mil votos; el Partido Mover a Chiapas 2800; Morena 14 y Movimiento Ciudadano uno. El 99.8 por ciento de los votos los tenían dos institutos políticos. Los votos provenían de países como Sri Lanka, Vietnam, Bielorrusia, Azerbaiyán, Angola, Cabo Verde, entre otros.
Santiago cuenta que con el apoyo de la Policía Cibernética se determinó el modus operandi: personas relacionadas con la empresa proveedora de los servicios de internet y los partidos con mayor votación usurparon la identidad de los ciudadanos a partir de los datos de los listados nominales de electores. Utilizaban cuentas de correo falsas. Los correos se mandaban a una dirección VPN que cambiaba la dirección IP y aparecían los correos como enviados desde cualquier parte del mundo. El candidato electo del PVEM era el primo del dueño de esa compañía.
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Uno de los mecanismos con los que cuentan los partidos en el poder para reducir la eficacia de las instituciones y los funcionarios no sumisos al sistema consiste en el empleo político del presupuesto. A las instituciones que actúan conforme a los deseos del poder se les amplía el presupuesto, pero a las instituciones que realizan sus funciones con independencia del poder se les reduce. Durante la gestión de Santiago, la Fepade nunca contó con más de 170 millones de pesos anuales para prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales en el país.
Los caminos de la corrupción y de los delitos electorales son tan anchos como la imaginación. En Chihuahua, el exgobernador César Duarte financió ilícitamente las campañas mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores para posteriormente desviarlo al PRI local.
Así explica el autor este otro modus operandi:
Para ingresar en algún trabajo o conservarlo, los servidores públicos —desde jefes de departamento hasta secretarios— tenían la obligación de firmar un documento donde autorizaban que se les retuviera entre 5 y 10 por ciento de su salario para ser “recaudado” por la oficina local de Hacienda. Dicha dependencia concentraba quincenalmente los recursos y emitía un cheque con el dinero de los trabajadores a nombre de la Secretaría de Hacienda que se depositaba en la cuenta bancaria de una empresa particular. Esa empresa cobraba el cheque en efectivo y lo entregaba contra la expedición de un recibo al secretario de Finanzas del PRI local. Por mes, en promedio, la cantidad ascendía a 1 millón 200 mil pesos. En total, por los seis años, se desviaron 79 millones de pesos. El cinismo era rampante.
Una de las conclusiones del libro es que la corrupción en México se inicia en los procesos electorales. Las componendas entre empresarios y candidatos por el financiamiento privado terminan en contratos gubernamentales. Los acuerdos entre gobiernos, partidos y candidatos para el desvío de recursos públicos con fines electorales desembocan en impunidad para la administración saliente. Los candidatos o los gobernantes constituyen empresas fantasma para que el gobierno las contrate con la finalidad de fondear sus campañas. También los grupos de presión o los grupos delincuenciales buscan candidatos ad hoc para conservar prebendas a cambio de votos o financiamiento.
Las presiones y amenazas a los titulares de las instituciones electorales son constantes. Santiago describe una escena que ocurrió durante las investigaciones de Odebrecht y los procesos electorales de 2017, cuando Emilio Gamboa le dijo: “Te están grillando”. Y enseguida Ana Lilia Herrera terció: “Te vamos a hacer una manifestación porque ejerciste la acción penal en contra de César Duarte, pero a Delfina Gómez de Morena, que hizo lo mismo, no la has tocado”. El caso que facilitó al poder presidencial la destitución del fiscal Nieto —vía el encargado de despacho de la PGR— fue el de Odebrecht-Lozoya. El asunto, famoso en el mundo entero, explica el modus operandi de las trasnacionales y la corrupción de los políticos y gobernantes. La empresa Odebrecht obtenía contratos en América Latina a cambio de financiamiento a las campañas.
El caso mexicano inició en febrero de 2017 con una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales por cohecho, derivado de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien imputaba a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la recepción de 10 millones de dólares por cuatro contratos entre Pemex y Odebrecht. Los depósitos operaron entre 2010 y 2016. En agosto de ese año, las organizaciones sociales Quinto Elemento y Mexicanos contra la Corrupción hicieron público que en las declaraciones de los juicios de Nueva York y Brasil se señaló que el dinero se destinó al pago de campañas electorales. En el caso de Lozoya, se presumía que Odebrecht depositaba en una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras en México y supuestamente en Islas Caimán.
En tal circunstancia, la Fepade requirió la información de Emilio Lozoya y sus empresas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las actas constitutivas, datos fiscales, entre otros datos financieros, además de revisar las actuaciones contenidas en la investigación de la subprocuraduría.
Santiago dice que los delitos electorales que se pudieran imputar a Peña Nieto por la elección de 2012 en el caso Odebrecht están prescritos, pero no el delito de cohecho. Por lo demás, de acreditarse respecto a los comicios mexicanos de 2014, 2015 y 2016, el financiamiento ilegal de Odebrecht aún no ha prescrito en el ámbito electoral.
A partir de declaraciones que Santiago hizo a Reforma sobre el caso Odebrecht-Lozoya, se desató la tormenta política y mediática que dio pie a su destitución. El Senado de la República, en lugar de actuar como contrapeso al poder presidencial, abdicó de sus atribuciones de control constitucional de naturaleza parlamentaria y permitió que el Ejecutivo decidiera libremente la destitución.
La remoción debió realizarse en los términos del artículo 18 transitorio de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 por el Procurador General de la República, y no por un Procurador en funciones que aún no cumplía los 10 años de antigüedad como abogado, requisito de carácter constitucional para ocupar esa función.
Además, el acto de remoción no debió ser un acto arbitrario, porque ello es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución, al Estado de derecho y a los principios democráticos. Si la procuraduría estimaba que Santiago Nieto había cometido alguna falta o algún delito, era preceptivo que el fiscal gozara de todas las garantías constitucionales y legales, fundamentalmente del debido proceso y de la presunción de inocencia.
La remoción que ordenó Alberto Elías Beltrán, el Procurador en funciones, violentó los principios de constitucionalidad, debido proceso y presunción de inocencia. De constitucionalidad porque Beltrán no era procurador general de la República y no cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer esa función; de debido proceso porque no se concedió derecho de defensa al imputado, y de presunción de inocencia porque no se armonizó ni ponderó la facultad del artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 con el artículo 20 constitucional.
La comunicación de la PGR a la Cámara de Senadores con la que se informó sobre la remoción de Santiago careció de motivación, en contra de lo previsto en el artículo 16 constitucional. No hay nada más grave en un Estado de derecho que la ausencia de argumentación de los actos de la autoridad, con lo que se demostró el carácter arbitrario de la decisión.
En realidad, la destitución de Santiago se fue delineando desde el mismo momento en que tomó posesión del encargo. Su independencia y el rigor con que ejercía el cumplimiento de la axiología constitucional fueron los motivos de la remoción. El sistema oligárquico-autoritario de nuestro país repele a las instituciones independientes y a los funcionarios incómodos que intentan controlar el poder.
Jaime Cárdenas Gracia
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INTRODUCCIÓN
La idea de que la historia la hacen los vencedores es una falacia. La historia la hace quien la hace. La historia de una institución se hace con la serie de episodios, anécdotas, recuerdos, momentos, planes, deseos, anhelos, frustraciones de las personas que forman parte de ella. Este libro es la suma de las historias de muchas personas, las cuales pueden atestiguar desde un escaparate privilegiado: la titularidad de una institución pública.
El mayor problema de México es la corrupción. ¿Cuándo empieza la corrupción? En la mayoría de los casos, inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los comicios, pero el financiamiento ilegal, sea de fuentes formales o ilícitas, es una realidad y desemboca en actos de corrupción. Las componendas entre gobiernos y partidos para desviar recursos públicos, generar empresas fantasma o coaccionar a electores por medio de programas sociales se palpa. Esto es corrupción. Los acuerdos de partidos y candidatos con empresarios, grupos de interés e incluso organizaciones delincuenciales para financiar campañas generan compromisos profundos que terminan convirtiéndose en actos indebidos al iniciar los gobiernos. Esto también es corrupción. Uno y otro fenómeno tienen que acabar.
La mejor forma de enfrentar un problema es reconocer que existe; tener un diagnóstico claro de su magnitud; conocer sus espacios y su forma de operación. Eso pretende este libro, mostrar el problema y esbozar algunas soluciones. La corrupción generada en el país es un lastre que no desaparecerá sólo con la voluntad, sino que requerirá mejorar los diseños institucionales actuales. A fin de cuentas, eso es la democracia: procedimientos que se perfeccionan para alcanzar ciertos principios y estándares.
Este libro sintetiza el esfuerzo de un grupo de mexicanos y mexicanas comprometidas con los valores de la democracia, quienes, aun en medio de muchas debilidades institucionales, creyeron en un proyecto para combatir las malas prácticas y los delitos electorales con el propósito de mejorar la calidad de la democracia. La historia llegó al final de forma anticipada, por una serie de errores del suscrito, pero también a causa de una decisión gubernamental enclavada en el grave conflicto que representa la impunidad y la corrupción en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que este proyecto llegara a su fin. Ambos bandos hicimos nuestras jugadas, corresponderá a la historia juzgar a los jugadores y la partida.
No se trata de evidenciar las jugadas rivales, pero sí es importante que se hagan públicas las aberraciones, como las que ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto. No es mi forma habitual de actuar, pero ante situaciones permanentemente hostiles, respuestas inesperadas.
Este texto “pretende mostrar, desde un ejercicio de revisión de la realidad electoral mexicana, cómo pueden desviarse recursos para financiar de forma ilícita campañas electorales”, dice Nieto Castillo. Foto: Cuartoscuro.
Una consideración previa. No me encanta la reforma de 2014, pero hay que reconocer que producto de ella existe un sistema nacional de elecciones. El sistema tiene grandes defectos, es cierto, particularmente el excesivo costo de los partidos políticos, la frivolidad de algunas magistraturas, lo suntuoso de ciertos espacios frente a la realidad social, y sin embargo, apelando a la expresión de Galileo, se mueve. El modelo funciona razonablemente bien. Ha permitido alternancias a nivel local en la mayoría de las elecciones de gobernador y, por supuesto, a escala presidencial.
El diseño institucional propicia la transición de poderes sin derramamiento de sangre partiendo de la función primaria: la organización de las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales locales (los mal llamados Organismos Públicos Locales Electorales, OPLE). La función primaria la protegen los tribunales y las fiscalías electorales. Estas últimas son el eslabón más débil y requieren terapia intensiva para salir del coma impuesto por los gobiernos, federal y locales. En su conjunto, es el trípode electoral.
Repito, el sistema funciona. Las ciudadanas y los ciudadanos instalan las casillas, cuentan los votos de sus vecinos, dan los resultados de la elección de cada mesa directiva de casilla. El problema no está en las casillas ni en las urnas, ni en las mamparas ni en los cómputos. El problema del sistema electoral está en algo que va más allá de lo electoral: radica en cómo llegan los votos a las urnas en elecciones competitivas y particularmente en los espacios de mayor marginalidad social; en el financiamiento ilícito, en el condicionamiento de programas sociales, en la ausencia de ética pública en los más diversos actores políticos, incluyendo a varios supuestos árbitros electorales.
Este texto pretende exhibir algunos casos y acontecimientos. Pretende mostrar, desde un ejercicio de revisión de la realidad electoral mexicana, cómo pueden desviarse recursos para financiar de forma ilícita campañas electorales. Lo anterior a partir de la descripción de los sucesos relacionados con mi designación como fiscal electoral, con las elecciones de 2015 a 2017, con mi remoción y los albores de la campaña electoral de 2018. La idea es hacer público lo que pasó y resaltar lo que no se debe hacer para evitar que se repita.
Se trata de una crónica con la que deseo aportar un grano de arena al esfuerzo colectivo de evidenciar lo sucedido en la administración de Peña Nieto. Durante ese periodo, que abarca desde poco antes del inicio del proceso electoral de 2012 y culmina con la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por implantar su voluntad y trasladar las metodologías políticas de una entidad, el Estado de México, a toda la República. Es obvio que fallaron, pero en el esfuerzo lastimaron a personas e instituciones. Sus historias merecen contarse para impedir que haya otra administración que de forma tan acelerada corrompa hasta el último espacio de vida pública para proteger sus intereses. Fue un gobierno de cuates. El país no aguanta otro sexenio con estos niveles de corrupción e impunidad. Simplemente, de 2012 a 2018, se llegó a lo intolerable.
Este libro busca ser una memoria colectiva. A pesar de las críticas por protagónico, no me interesa el reflector. Me han acusado de tener una posición mediática, pero es una apreciación incorrecta. Si decidí acudir a los medios de comunicación para hacer públicos algunos casos fue por una razón muy simple: la única forma de hacer que los servidores públicos o dirigentes partidistas dejen de cometer delitos electorales es exhibiéndolos. Es la única barrera de contención, ya que de antemano saben que los delitos electorales no son graves, y no ameritan prisión preventiva oficiosa. Nada les importa más que su imagen y su impunidad. Por eso acudí a los medios, pretendí construir desde ahí una plataforma para evidenciar las malas prácticas y los delitos electorales. Eso también se juzgará.
Me acusaron de violar el sigilo de las carpetas de investigación, pero hay que comprender algo: era una estrategia para exhibir la corrupción por el tipo de persona que se persigue en los delitos electorales. Lo pongo de esta forma: la procuración de justicia ataca a dos tipos distintos de sujetos activos, por lo menos así es en México: el primer grupo lo conforman aquellos que no detentan el poder formal y cometen delitos, del tipo que sea, que son investigados por las diferentes unidades de la PGR y por las fiscalías locales. El segundo es un grupo diferente, más poderoso, y al cual la PGR no investiga salvo por dos de sus unidades: una ya creada, la Fepade, y otra que corresponde a los delitos anticorrupción que hoy tiene bajo su responsabilidad la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), pero que en algún momento deberá asumir la fiscalía anticorrupción. Estas instancias persiguen no a un delincuente que actúa en la ilegalidad y que rompe la estructura básica de la sociedad, sino a un tipo distinto de persona: a los que detentan el poder formal —dirigentes partidistas, servidores públicos— y cuyos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa.
¿Cómo se combate a personas así? Ejerciendo la acción penal y denunciando públicamente sus excesos. Ambos elementos son indispensables. Eso intentamos hacer durante los últimos años. En una ponderación entre el derecho a la vida íntima de un personaje público y el derecho de acceso a la información pública, teníamos que responder una pregunta. ¿Qué es mejor para el país? ¿Que un partido reciba millones de pesos y que los retire del banco en efectivo sin comprobación o que se haga público un posible hecho ilícito de un dirigente partidista, sancionado ya en sede administrativa y jurisdiccional? ¿Qué es mejor para el país? ¿Señalar que se libraron órdenes de aprehensión contra exgobernadores o que se deje de dar seguimiento a las solicitudes de extradición? ¿Qué es mejor para el país? ¿Que se haga público que un funcionario recibió millones de dólares en sobornos o admitir presiones de ese mismo funcionario para no ventilar el caso? Como en cualquier país democrático, el derecho al honor o a la intimidad de los servidores públicos que presuntamente han cometido delitos debe ceder frente al derecho de la sociedad a la información y la libertad de expresión.
Me acusaron de parcialidad, pero en estas memorias relato cómo ejercí acción penal por igual en contra de figuras del PAN, Morena, PRD o Movimiento Ciudadano. Si había más asuntos del PRI era porque la estadística demuestra que cometen más delitos electorales las personas físicas vinculadas con los partidos políticos que tienen más poder. A mayor poder, mayor cantidad de malas prácticas electorales. Por eso rechazo esa imputación. Ejercí mis competencias con imparcialidad, sin filias ni fobias, pero también con fortaleza. No busqué sancionar al operador del nivel más bajo o al pobre, sino al instigador o a los autores intelectuales. No busqué concentrarme en los delitos de alteración al Registro Federal de Electores (RFE), sino en aquellos que verdaderamente generaban un desequilibrio en los procesos electorales y dañaban los principios rectores de la democracia. Lo que tal vez ocurrió es que los gobiernos no estaban preparados para una estrategia seria de combate contra los delitos electorales.
La idea de una memoria colectiva me inspiró a escribir estas líneas, como un homenaje al personal de la Fepade por su esfuerzo durante los casi tres años que duró mi administración, pero también como un mecanismo para difundir los logros y señalar los temas pendientes de la joven democracia mexicana. Es mi forma de cerrar un ciclo, en el que creí que lo más importante era que la institución funcionara para lo que se diseñó, y no sólo para dar cursos de capacitación de los que los operadores electorales se burlaban por la supuesta ingenuidad de la fiscalía.
En un futuro escribiré otro libro más técnico, a partir de la dogmática jurídica, sobre delitos electorales, pero enfocado en una discusión distinta. Éste es un recorrido a través de diversos casos que no tiene otro objetivo que demostrar que lo mejor que puede hacer un fiscal para mejorar el sistema constitucional es ejercer la acción penal en asuntos importantes. ¿Para qué? Para ejemplificar que las sanciones sí llegan y que pueden disminuir la impunidad y la corrupción.
Evidentemente, en poco más de un centenar de cuartillas no se puede resumir una historia colectiva de tres años. Quedan fuera muchas personas, experiencias, temas, pero creo que se logra concentrar un buen caudal de la actividad institucional. Mi idea era que el libro se publicara antes de la jornada electoral, pero simplemente no hubo tiempo. Espero que el lector disfrute su lectura, tanto como el suscrito gozó la redacción de cada página.
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, y San Juan del Río, Querétaro, julio de 2018
