La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, informó que la mayoría de los casos de extorsión telefónica y solicitud indebida de datos personales tienen su origen en centros penitenciarios de otras entidades federativas.
La funcionaria explicó que la Policía Cibernética da seguimiento a estos reportes, y en varios casos con denuncias formales se ha logrado confirmar que los interlocutores son internos de penales fuera de San Luis Potosí.
Indicó que aunque las investigaciones se dificultan cuando hay depósitos de dinero de por medio, no son imposibles, pero requieren la colaboración de las víctimas para comprobar el contexto y origen de las llamadas.
“Las redes sociales se han convertido en facilitadores para que los extorsionadores obtengan datos personales y después los utilicen en su favor”, advirtió.
Finalmente, reiteró que la colaboración ciudadana es clave para el desahogo de los procesos, ya que con la verificación de información y la denuncia oportuna se pueden rastrear y desarticular estas operaciones.
