Angélica Campillo
En el marco de la instalación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, las y los miembros del gremio enumeraron una serie de exigencias, entre las que se encuentran que se les brinde protección en el desempeño de su labor, así como las prestaciones de ley.
Durante su intervención, el periodista José Alemán solicitó respeto y trato digno a la labor de todo el gremio, además de exigir a las y los integrantes de la Comisión de Periodistas que dejen atrás la arrogancia del pasado y la soberbia del presente.
Entre las peticiones que solicitó para las y los periodistas de San Luis Potosí se encuentran:
Seguridad social para las y los trabajadores de los medios de comunicación: que se condicionen los convenios publicitarios a que las empresas presenten registros de nómina de los trabajadores, con todas las prestaciones de ley, ya que no es posible que se beneficie con dinero público a quien no cumple ese requisito, al que obliga de manera básica la ley.
Seguro de vida. Buscar financiamiento para que todas y todos los periodistas cuenten con un seguro de vida y que sus familias que viven del salario sin prestaciones, no queden en el desamparo en caso de su muerte.
Terminar con el uso discrecional de recursos públicos en materia de comunicación social, con la entrega de dinero a amigos, familiares, empresas fantasma, algunas de ellas propiedad de los mismos coordinadores de las oficinas de Comunicación Social.
Acceso total a todas las sesiones legislativas, incluidas las de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por ser colegiadas, con temas de interés público, protagonizadas y asistidas por servidores públicos y, sobre todo, con dinero de la hacienda pública.
Que cesen los filtros de acceso a los edificios públicos, refiriéndose al Palacio de Gobierno, y si algún funcionario se siente amenazado o cree que su integridad está en riesgo, que cuente con las mismas garantías de seguridad que tienen los ciudadanos.
Resolución inmediata del homicidio del fotoperiodista Daniel Esqueda, quien casi hace cinco años fue sustraído con violencia de su domicilio y horas después apareció ejecutado.
Resolución al problema de falta de pago de las y los trabajadores de Canal 13, conflicto que lleva casi dos años.
Que las empresas informativas cuenten con un ombudsperson del lector o del usuario, para que cuando los periodistas caigan en excesos o equivocaciones, exista esa ventana para mejorar día con día quienes ejercen este oficio.
De igual forma, instó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y a las universidades privadas que imparten carreras de comunicación y periodismo, así como fortalecer la formación ética de los próximos profesionales de la comunicación.
Por separado, la periodista María Medrano, en representación de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí (RMPSLP) y quien coincidió con los puntos señalados por Alemán, destacó la necesidad de que las y los periodistas cuenten con capacitación medible sobre perspectiva de género, derechos humanos y derechos humanos de las y los periodistas.
Indicó que esto debe incluir a las personas involucradas en las áreas de Seguridad, Comunicación Social o enlace con medios de comunicación en las dependencias de la administración pública, en los diferentes niveles de gobierno, pues es el funcionariado es el principal agresor de las y los periodistas.
Refirió que, de acuerdo con una encuesta realizada por la RMPSLP, el 42.9 por ciento de las agresiones hacia periodistas provienen del funcionariado público y un 28.6 por ciento de compañeros y compañeras.
Explicó que lo anterior hace prioritario que las oficinas de comunicación institucional, el personal de Seguridad y el funcionariado público en general, cuenten con protocolos de atención a prensa para prevenir que se vulneren derechos, pero, además, que quienes incurran en una violación a la libertad de prensa o al derecho de acceso a la información pública sean sancionados, pues la impunidad favorece el entorno de violencias.
Se recalcó que desde el Poder Legislativo se debe hacer un llamado enérgico a las empresas de medios de comunicación y que se impulsen gestiones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de que se garanticen los derechos laborales de las y los periodistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Apuntó que la precariedad laboral es una condición que ha impactado a las y los compañeros y está tan arraigada que incluso se cuestiona dentro del propio gremio si es una exigencia primordial.
Sin embargo, en la última encuesta realizada por la RMPSLP, se detectó que el 45 por ciento de las encuestadas no cuenta con seguridad social y durante la época más complicada de la pandemia la empresa no se hizo cargo de sus gastos médicos al contraer covid-19.
De acuerdo con la RMPSLP, la garantía de condiciones laborales dignas se debe complementar con mejoras a la Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual requiere presupuesto para su ejecución, dada la necesidad de creación del Fondo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La Red pidió, además, que se implementen las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección a los periodistas que lo requieren, ya que en la actualidad se deja a criterio de la autoridad su definición.
De igual forma se solicitó que dentro de la Ley se considere la atención psicológica a las y los compañeros que hayan tenido impactos negativos en su salud mental luego de haber sido agredidos o porque su labor investigativa ha repercutido en su salud mental.
Para finalizar, la RMPSLP solicitó al Poder Legislativo, a través de la comisión especial y en el ámbito de sus facultades, exhorte al Poder Ejecutivo y a los 58 ayuntamientos para que garanticen el libre ejercicio del trabajo periodístico y, a su vez, emitan un posicionamiento de tolerancia cero a la violencia contra las y los periodistas.
