El Radar
Hace apenas unos días, el ejido Peotillos, en el municipio de Villa Hidalgo (San Luis Potosí), volvió a decir “no” a la venta de tierras ejidales destinadas a la construcción de la nueva carretera de cuota entre Entronque 75-D y Matehuala. El rechazo no fue tímido ni circunstancial: en asamblea, la mayoría se negó al convenio propuesto por la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, asociada a META de Vicente Rangel Mancilla, que planteaba un “convenio de ocupación previa” a cambio de un pago inmediato.
Lo que Peotillos acaba de hacer es reafirmar algo más profundo que una simple negativa: defender la tierra como derecho colectivo, confirmar su autonomía ejidal y retar al modelo de desarrollo impuesto desde el centro. Para entender esto en su dimensión política, social y legal, conviene desenredar algunos hilos clave: ¿qué es lo que exige el ejido? ¿qué pretende la empresa/proyecto? ¿cuáles son los dilemas que plantea este choque?
¿A qué se niega Peotillos?
1. A perder la prevalencia sobre sus tierras sin garantía justa.
El ofrecimiento fue de 70 pesos por metro cuadrado —cantidad que muchos ejidatarios consideran muy por debajo del “valor comercial” que dicta la Ley Agraria, mediante avalúo del INDAABIN. La abogada que representa a la empresa incluso señaló que no se puede “transmitir todo” con un convenio simple, y que necesariamente correspondería un proceso expropiatorio si no hay acuerdo. La certeza jurídica sobre cómo valuarse la tierra y cuándo pagarla es central para la comunidad.
2. A aceptar imposiciones legales disfrazadas.
En la asamblea, los representantes de la empresa explicaron que si firman el convenio, recibirían dinero anticipado, antes de que concluya un eventual proceso expropiatorio. Pero varios ejidatarios advirtieron que ese mecanismo podría ser una trampa: la firma no debiera obligar al ejido a entregar su facultad sobre la tierra.
3. A sacrificar su voz comunitaria.
La convocatoria a la asamblea estuvo marcada por asesorías legales de los representantes de la iniciativa privada. Algunos ejidatarios manifestaron que no hay claridad suficiente, que no se les ofreció un diálogo pleno o alternativas de consulta amplia. En defensa de su soberanía colectiva, optaron por vetar el acuerdo.
¿Qué ambiciona el proyecto carretero y cuál es su lógica?
La propuesta de la carretera de cuota entre el entronque 75-D y Matehuala se inserta en una lógica federal de conectar grandes ejes de movilidad para abatir tiempos de traslado, impulsar desarrollo regional y fortalecer rutas logísticas. Bajo esa tesis, transitar por tierras ejidales suele convertirse en paso inevitable.
Para la empresa promotora META:
• Lograr acuerdos de ocupación previa permitiría adelantar obras sin esperar el litigio de la expropiación.
• Brindar pagos anticipados podría presentarse como un incentivo para que el ejido acceda más rápido.
• Disponer de tramos por tierras ejidales muchas veces implica reducir costos legales o de litigio, acelerar permisos, preparar tramos disruptivos claves.
Pero esa lógica topa con las leyes agrarias —que protegen la propiedad de los ejidos—, así como con los intereses y derechos colectivos de las comunidades rurales.
Los dilemas estructurales detrás del conflicto
1. Autonomía campesina vs proyecto modernizador.
En México, los ejidos no son meras parcelas privadas: son comunidades con derecho agrario y social. Obligar o presionar para la venta con discurso técnico (“vía rápida para el desarrollo”) suele activar resistencias legítimas.
2. Valor comercial vs valor cultural/uso.
Para el ejidatario, la tierra no solo tiene valor monetario, sino historia, identidad y vínculo con generaciones. Un precio financiero puede nunca reflejar ese sentido profundo.
3. La vía de la expropiación como amenaza o chantaje.
Que representantes digan que la única salida, en caso de negativa, es la vía expropiatoria, tensiona una asimetría de poder: comunidad versus Estado/proyecto. Algunos lo ven como presión legal o intimidación.
4. Planeación e ingeniería social.
Los proyectos de infraestructura moderna (carreteras, gasoductos, trenes) suelen estudiarse desde oficinas centrales, ignorando dinámicas locales. Si no hay participación real previa, las comunidades reaccionan (como lo acaba de hacer Peotillos).
5. El precedente político y simbólico.
Una derrota del ejido Peotillos abriría puertas para que otros tramos carreteros pasen por encima de comunidades con mínima resistencia. Una victoria —aunque modesta— puede consolidar modelo de defensa agraria.
¿Qué sigue para Peotillos y para el proyecto?
• Negociación con respeto real. Si las autoridades quieren que avance la carretera, deben acudir con cauces oficiales, diálogo amplio, máxima transparencia en valuación y respeto al derecho agrario.
• Alternativas de trazo. No basta con imponer el camino más directo: debe explorarse desvíos, compensaciones o diseños menos lesivos para comunidades.
• Garantías legales. Cualquier convenio debe estar blindado jurídicamente, sin cláusulas que socaven el control comunal.
• Supervisión externa. Organismos agrarios, defensores de derechos humanos y observadores independientes pueden dar credibilidad y vigilancia al proceso.
• Aceptación comunitaria como eje de legitimidad. Ninguna carretera, por más prometedora, vale si provoca fractura social, resentimiento o resistencia perpetua.
Lo que ocurre hoy en Peotillos no es un episodio aislado: es un espejo de tensiones que atraviesan al campo mexicano. El choque entre modernización vial y derecho agrario, entre visión centralizada y autonomía local, entre promesa de progreso y temor al arrebato, está en el núcleo de muchas disputas territoriales.
Peotillos eligió decir “no” mientras su voz aún podía ser escuchada. Ese “no” no es solo rechazo legal; es recordatorio político: que la construcción del país no puede atropellar comunidades, que el progreso que no consulta se convierte en injusticia. En el fondo del conflicto está la pregunta decisiva: ¿qué tipo de desarrollo queremos, y quién tiene derecho a decidirlo?
