Cuando Josefina Quispe se despertó de la anestesia, estaba tumbada en una camilla de hospital.
Le dolía todo el cuerpo y empezó a preguntar: “¿Qué cosa me han hecho? ¿Qué le hicieron a mi barriga?”.
Nadie le contestó. Tenía 33 años y 5 hijos, pero nunca más tendría la posibilidad de parir otro.
El caso de Josefina Quispe es parecido al de otras cientos de miles de mujeres en Perú que, durante el gobierno de Alberto Fujimori fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva.
Bajo el nombre de Programa Nacional de Planificación Familiar, se realizaron en la década de 90 más de 272.000 operaciones de ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, según datos de la Defensoría del Pueblo peruano.
El programa tenía como objetivo reducir la tasa de natalidad del país aunque muchas de las mujeres que fueron sometidas a este tratamiento provienen de regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena.
El gobierno de Fujimori siempre mantuvo que las operaciones se hicieron con el consentimiento de las personas esterilizadas.
El mismo Fujimori fue exculpado por última vez en 2016 de estos delitos. Además, desde diciembre de 2017, goza de un indulto con el derecho de gracia de no volver a ser procesado.
Pero recientemente el fiscal Luis Landa ha admitido una queja presentada por unas 2.000 víctimas que acusan al ex mandatario de haber sido esterilizadas de manera forzosa.
Landa ha pedido que se investigue por “grave violación de los derechos humanos”, delitos que se consideran “imprescriptibles”.
