Se busca que familiares de las víctimas tengan la obligación de denunciar al momento de la comisión de un delito: Dip. Martha Patricia Aradillas Aradillas
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que reforme el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo cuarto, con el objetivo de garantizar el derecho de las víctimas, en especial a los menores de edad.
La reforma estable, que: Quienes estén en su carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, tengan la obligación de denunciar al momento de la comisión de un delito, ello en virtud de poder garantizar el derecho de las víctimas.
Se explica que de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo cuarto del artículo 222, establece que “no estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive”.
Con ello, “estamos contribuyendo a que los familiares puedan encubrir cualquier tipo de delito pues con esta redacción, y se deja en total indefensión a aquellas personas que sean víctimas de algún delito que sea cometido por parte de algún familiar, siendo que los menores son las principales víctimas”.
En este sentido es importante mencionar que la incidencia delictiva que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referente a la presunta ocurrencia de delitos que se registran en carpetas de investigación, muestra datos preocupantes respecto a los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, siendo que desde 2019 a junio de 2022, en San Luis Potosí se han presentado un total de mil 652 denuncias por los delitos de abuso, hostigamiento, acoso sexual y violación contra niñas, niños y adolescentes; cifra que año con año va al alza.