José Domingo se dedicaba a la albañilería y asegura no haberse metido nunca en problemas, ni tener relación alguna con el crimen organizado, en muchas ocasiones responsable de las desapariciones en México.
Este padre de familia comparte drama con miles de personas en México, un país que acumula 40 mil personas en paradero desconocido, 26 mil cuerpos sin identificar en morgues y más de 3 mil fosas clandestinas.
El mexicano José Domingo Martínez lleva mes y medio durmiendo frente a Palacio Nacional, lidiando con la desesperación al tener dos hijos desaparecidos y pensando en el suicidio como única forma de aliviar su dolor.
Según dice a Efe este viernes, piensa en suicidarse mientras espera un milagro: que el Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, encuentre a sus hijos.
“Pienso en colgarme delante de la casa del Presidente”, asegura derrotado este hombre de 40 años que huyó de la ciudad de Celaya, en el céntrico estado de Guanajuato, tras ser amenazado.
“Así como estoy, ¿qué me queda mejor que quitarme la vida?”, dice después, con la mente puesta en sus dos hijos, desaparecidos hace dos meses y medio.
Pero después cambia de idea: “¿Qué gano quitándome la vida en Palacio Nacional? No voy a solucionar nada, ¿quién va a seguir buscando a mis hijos?”, reflexiona.
Cuando llegó a Ciudad de México, José Domingo trató de quitarse la vida al lanzarse al metro “por la desesperación” de no recibir ayuda por parte de las autoridades.
Ha probado todo, pero ni en Celaya ni en la capital ha recibido ayuda. Incluso se le pasó por la cabeza ir a algunas cadenas de televisión a contar su historia, pero le “negaron la ayuda”.
José Domingo se dedicaba a la albañilería y asegura no haberse metido nunca en problemas, ni tener relación alguna con el crimen organizado, en muchas ocasiones responsable de las desapariciones en México.
Es más, reconoce que, incluso en aquellos momentos en los que no tenía trabajo como albañil, recurría a vender nopales o paletas ayudado por sus dos hijos, uno de 11 y otro de 18 años, y los dos desaparecidos “de la noche a la mañana”.
Luego de su desaparición, el hombre recibió amenazas y, animado por su mujer, decidió abandonar Celaya para venir a Ciudad de México a pedir ayuda a López Obrador.
“Es por eso que estoy aquí suplicándole al señor presidente su ayuda, tengo fe en él, sé que me va a apoyar, que me va a regresar a mi familia”, dice desesperado.
José Domingo duerme al raso todas las noches en el zócalo capitalino, tiene la tez morena, viste un pantalón de chándal con algunas manchas, camisa negra y un rosario colgado del cuello.
Según dice, siente “odio por las autoridades de Celaya”, pues, antes de que sus hijos desaparecieran, ya había denunciado algunas amenazas de secuestro.
“Todos los que somos padres sabemos el amor infinito a un hijo”, dice ahora con la garganta atenazada.
José Domingo comparte drama con miles de personas en México, un país que acumula 40 mil personas en paradero desconocido, 26 mil cuerpos sin identificar en morgues y más de 3 mil fosas clandestinas.
Este viernes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y un grupo de asociaciones entregó al Gobierno 102 mil firmas a fin de conseguir una respuesta real que acabe con la problemática.
En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que “la búsqueda de las personas es responsabilidad del Estado”.
“La búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta Administración”, declaró.
Después de su comparecencia, Encinas salió del edificio y recibió de manos de los manifestantes las 102.000 firmas y les garantizó que se reforzarán los protocolos de búsqueda.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó en un comunicado que en México “no se han generado las condiciones para dar debida atención al problema” de los desaparecidos.
“Lo que refleja, en los hechos, falta de interés y voluntad de las autoridades, particularmente de las entidades federativas del país, para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad”, expuso.
