Las víctimas de la difusión ilícita de imágenes íntimas no solo enfrentan daños emocionales y sociales, también pueden llegar a perder su empleo, alertó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares.
En entrevista, explicó que en la mayoría de los casos el agresor suele ser la pareja sentimental de la víctima, siendo las mujeres quienes más frecuentemente sufren este delito.
“Aplicamos un protocolo para evitar la revictimización, damos acompañamiento psicológico, y judicializamos la carpeta de investigación para garantizar justicia”, señaló la fiscal.
Aunque no detalló el número de denuncias registradas en 2025, García Cázares aseguró que ya se han cumplimentado órdenes de aprehensión y se han judicializado al menos dos casos, uno de ellos contra Raúl “N”, un notario público acusado de grabar y difundir videos íntimos de su expareja.
La fiscal exhortó a las víctimas a no guardar silencio, ya que muchas veces también son víctimas de extorsión por parte de sus agresores.
La difusión no consentida de contenido íntimo es un delito en San Luis Potosí y se sanciona con penas de tres a seis años de prisión, así como multas que van de 33 mil a 67 mil pesos. En caso de agravantes, la pena puede aumentar hasta la mitad, de acuerdo con el artículo 187 del Código Penal del Estado.
