El Plan B de la reforma constitucional en materia electoral enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador va por cambios estructurales dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), como reducir los salarios de los consejeros, eliminar fideicomisos y la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, además de la destitución del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
En los transitorios se establece que dadas las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas. Con ello, se destituiría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.
“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma.
Una vez que se destituya del cargo, de inmediato el Consejo General del INE nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Es decir, en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023 se designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes.
Jacobo Molina se desempeña como Secretario Ejecutivo del INE desde junio de 2008, es decir desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE). En este puesto estará hasta 2026, luego de que —impulsado por Lorenzo Córdova— fuera reelecto en febrero de 2020 para otros seis años más, un acto que fue denunciado en su momento por el Consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien cuestionó que la reelección se haya dado dos meses antes de que el Secretario finalizara su cargo.
Uno de los argumentos que expuso el Consejero Presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, “superar dos grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad”: el proceso electoral de 2021, “y, el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal”, abundó Córdova. Los mismos argumentos fueron expuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) que reconoció a Edmundo Jacobo Molina.
Pero hoy el Plan B del Presidente López Obrador que se discute en San Lázaro es destituirlo de ese cargo.
REDUCIR SALARIOS Y ELIMINAR FIDEICOMISOS
Los recursos que se destinan al INE han sido tema de un arduo debate entre el Gobierno federal y los consejeros electorales. El Gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio y de protagonismo del que se señala a su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Edmundo Jacobo Molina percibe, de acuerdo con la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, un monto mensual neto de 166 mil 758.88 pesos; un seguro de separación individualizado por 25 mil 709.33 pesos, y una compensación garantizada por 141 mil 034.50 pesos. En su última declaración patrimonial, el Secretario Ejecutivo reportó, además, tener ingresos adicionales por 239 mil 253 pesos anuales, correspondientes a actividad financiera y enajenación de bienes.
En contraste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador percibe 116 mil 326 pesos mensuales y tiene una compensación garantizada por 120 mil 109 pesos.
La propuesta del mandatario, entregada hoy por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la Cámara de Diputados establece que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales por el desempeño de sus funciones no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, es decir, el salario del Presidente.
“Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas Magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del Presidente de la República”, indica la reforma dentro de los cambios al sistema nacional electoral.
Jacobo Molina ha sido de las voces que criticaron la propuesta de austeridad planteada por el Gobierno federal a inicios de año para tener los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta de Revocación de Mandato, en la cual por Ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Reforma Electoral también establece medidas para “proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral”, se obligará al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE.
“La iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del Instituto que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal. El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”, justifica la reforma.
CREAR EL INEC Y VOTO POPULAR PARA ELEGIR CONSEJEROS
El dictamen ratifica la propuesta de crear un nuevo órgano llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como cambiar la forma de elección de los consejeros y magistrados por medio del voto popular.
Este proceso sustituiría el actual, que establece que un Comité Técnico de Evaluación deberá calificar a los mejores perfiles de personas con experiencia en materia electoral y proponer quintetas.
El proyecto plantea que los magistrados electorales también sean electos mediante voto popular, en lugar del proceso de elección en el Senado. Además, desaparece a los organismos públicos locales de los estados y los tribunales locales.
Otra de las propuestas de la iniciativa es reducir el número de diputados de 500 a 300 y de 128 a 96 las y los senadores, mientras que en los congresos locales habría un tope de hasta 45 diputados y en las alcaldías de hasta nueve regidores, para el caso de aquello con mayor población.
Para todos estos cargos de elección se proponen listas de candidatos de los partidos políticos, por lo que se adoptaría un sistema de representación proporcional.
Sin Embargo
