La medida es ilegal, afectaría a los visitantes y acabaría con fuentes de empleo, argumentan.
En una carta dirigida al Congreso del Estado, las administraciones de las plazas comerciales que operan en San Luis Potosí se manifestaron en contra de la anulación del cobro de estacionamiento en estos lugares, iniciativa que propuso el diputado perredista Francisco Martínez Ibarra.
La carta firmada por los administradores de las plazas Citadella, Sendero, El Dorado, Tangamanga, Plaza Oriente y Grupo Liverpool, se oponen a la anulación del cobro por estacionamiento, pues afirman que la medida, además de violatoria de la ley, va en detrimento de los usuarios de los estacionamientos y afectaría directamente a los trabajadores y visitantes de los centros comerciales.
Los comerciantes expresaron argumentos “reales y argumentos jurídicos en contra de la medida entre los cuales destacan, entre los reales se detalla que el estaciomaniento ofrece seguridad a los visitantes de las plazas, pero implica vigilancia con personal y circuito cerrado de television que cubra toda el área, plumas de acceso y otras necesidades.
Los centros comerciales que tienen estacionamientos gratuitos tienen mayor índice de delitos, reportaron.
Agregaron además que los estacionamientos generan al menos 35 empleos directos y 14 indirectos por cada plaza comercial.
Por otro lado afirmaron que la iniciativa pretende establecer una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano, para obligar a los Centros Comerciales a otorgar estacionamiento gratuito lo cual ha sido impulsado en diversos estados de la República, sin embargo existe una jurisprudencia que señala que la obligación que se pretende imponer es inconstitucional.
Las administraciones de las plazas comerciales denunciaron que nunca fueron notoficados por el Congreso sobre la intención de hacer la reforma ni se les tomó en cuenta para escuchar su parecer y mientras tanto, la iniciativa fue aprobada en comisiones y según la versión del Legislativo, sería llevada al pleno para su eventual aprobación el próximo 10 de agosto.
Ante ello, demandaron que la iniciativa no sea llevada al pleno y que antes se les cite a una reunión con los legisladores para ser escuchados. Además refieren que ya han contratado un equipo de al menos ocho abogados para defender su causa.
