Grupo México es visto ahora en otros países latinoamericanos y en Europa como símbolo de corrupción, impunidad, muerte y destrucción. Pero esto no es reciente: desde la década de los setenta, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco ha sido acusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y laborales de México y Estados Unidos por sus constantes violaciones a las garantías de los trabajadores, de las comunidades y de la salud de las personas.
Esta semana, Grupo México acaparó las portadas de diarios ibéricos que dieron cuenta del “cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”, que el emporio de Larrea Mota Velasco, en asociación con Minorbis, realizó para obtener la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, España.
Además, el viernes pasado, el propio Ollanta Humala, Presidente de Perú, exigió a la minera Southern Copper, filial del Grupo México, ejecutar acciones para generar entendimiento con la población de la provincia de Islay, que reclama frenar los proyectos de la compañía, debido a los daños del medio ambiente que genera en esa región.
“Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para, no sólo, lograr la paz social, bases fundamentales para el desarrollo de un proyecto”, dijo Humala mediante un mensaje a la Nación.
El presidente peruano respondió así a las peticiones de suspensión emitidas por algunos legisladores de oposición y a los manifestantes antimineros de la provincia surandina de Islay: “El gobierno ha trabajado para defender las reglas orientadas a que los estudios de impacto ambiental consideren las acciones que eviten, reduzcan y minimicen los impactos ambientales que una actividad económica pueda producir”, aseguró el mandatario.
En tanto, en España, grupos de ecologistas también se pronunciaron y tacharon a Grupo México de “chapuza” y le recordaron su “cochinero” en el Río Sonora, en México. Miembros de la organización Acción denunciaron que la Junta de Andalucía, que concedió la explotación de los recursos mineros al consorcio, “antepone el mantenimiento de su red clientelar a la defensa” de esa ciudad.
El grupo ambientalista incluso denunció que el consorcio integrado por Grupo México y Minorbis “tenía un currículum de echarse a temblar, con varios vertidos de extrema gravedad ocurridos en sus explotaciones mineras en México y que han supuesto el envenenamiento del Río Sonora”.
Además, el viernes pasado el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco urgió al Estado español a adquirir un compromiso “permanente” de cancelar el proyecto de dragado en profundidad del Río Guadalquivir, promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, y de no permitir ningún futuro plan en este sentido.
En medio del conflicto en aquel país, Grupo México anunció el pasado viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no se le había notificado ninguna cancelación en la concesión de esa obra.
“En relación con el proyecto de Aznalcóllar, Grupo México informa que ha sudo declarada adjudicatoria en concurso público internacional y que durante todo el proceso se cumplieron los requisitos exigidos por la administración con estricto apego a la Ley”, planteó el consorcio en un comunicado.
Luego del conflicto en España, las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores se posicionaron como las más negociadas. Sin embargo, la cotización se mantuvo en números rojos al cierre de la jornada del viernes, cuando sus acciones se vendían en 49.80 pesos.
En casa: contaminación en impunidad.
Así como Grupo México ha ido extendiendo su mercado, también lo han hecho las denuncias en su contra. El emporio de Germán Larrea es uno de los principales grupos mineros en México, pero además tiene presencia en el área de transporte con empresas como Ferromex, Ferrosur e Intermodal. También participa en el mercado energético con Pemsa, que se dedica a realizar perforaciones exploratorias y a la construcción de oleoductos y gasoductos.
En el extranjero, el consorcio opera con las filiales Southerm Copper Corporation, que agrupa a Southerm Perú, y Asarco, que funciona en Estados Unidos.
En México, el consorcio ha protagonizado cientos de accidentes en sus minas, que han dejado decenas de muertes y diversos conflictos laborales, además de una constante contaminación al medio ambiente en las regiones donde tiene emplazadas sus operaciones.
Pese a ello, los Larrea comenzaron a incrementar sus negocios aprovechando su cercanía con algunos ex presidentes y su amistad con la clase política. Jorge Larrea Ortega, papá de Germán, recibió de manos de Carlos Salinas de Gortari la Compañía Minera Cananea, con la que acaparó el 90 por ciento de la producción de cobre nacional.
Cuando Germán Larrea tomo posesión plena del consorcio, y durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), multiplicó su fortuna, al grado de ser hoy el segundo hombre más rico de México, con una fortuna valuada en 13 mil 900 millones de dólares.
El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México, en Coahuila, el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.
Los mineros fallecidos se encontraban trabajando a 490 metros y dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. De acuerdo con los peritos, quedaron a 150 metros bajo tierra y únicamente se lograron extraer dos cuerpos de las 65 personas que murieron sepultadas. A nueve años del siniestro, las familias aún reclaman los cadáveres que permanecen en el fondo de la mina.
Por otra parte, mientras Grupo México presume la mina Cananea, como una de las de mayor producción de cobre a nivel mundial, ése lugar también alberga la huelga más prolongada del sector en el país. El 30 de julio de 2007 trabajadores miembros del Sindicato Minero de la Sección 65 estallaron una protesta, que hasta el día de hoy no tiene solución, y la cual les vale a los pobladores de la zona una especie de veto para trabajar en el consorcio. Los mineros reclaman a la firma, las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo y la falta de seguridad en las instalaciones.
Los trabajadores mantenían parada la producción de la mina, sin embargo en 2010, unos 2 mil policías y hombres armados, estos últimos contratados por la empresa, tomaron el control del enorme complejo minero y desalojaron a los paristas. En tanto, en el mes de junio de ese año se resolvió que la huelga de los mineros era ilegal y además se dieron por terminadas las relaciones de trabajo. Y la mina comenzó a funcionar, sin que aún haya una solución para los mineros sonorenses.
En febrero de 2014, una mina de Industrial Minera México, del consorcio de Larrea, ubicada en Charcas, San Luis Potosí, informó de la muerte de cinco de sus trabajadores que hacían labores de mantenimiento. Meses después la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció una multa histórica de 13 millones de pesos contra la firma, ante la cual Grupo México se amparó.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Germán Larrea, derramó más 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi, provocando el peor desastre ambiental en la historia de esa industria en el país; a casi una año del desastre el consorcio aún mantiene la concesión.
Esta descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, pusieron, y ponen en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
A raíz del derrame de tóxicos en el río Sonora, los mineros del Sindicato Minero volvieron a salir a las calles y a instalarse en plantón permanente en cada uno de los accesos de la mina.
La zona en dónde ocurrieron los derrames de Grupo México, la crisis del agua es una constante ya que esta área está cerca de uno de los mayores desiertos mexicanos, sin embargo la actividad de la mina Buenavista del Cobre ha contaminado la escasa agua disponible para las poblaciones, quienes tienen que padecer diariamente el ruido de la maquinaria y el olor de la lluvia ácida, el óxido que se ha impregnado en cada casa, árbol y automóvil, que está en el aire.
Luego del derrame, Grupo México anunció un fideicomiso para remediar el daño que provocó en el Río Sonora. Sin embargo de los 2 mil millones de pesos que se anunciaron, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si se han implementado, ni mucho menos el cómo.
Apenas el pasado mes de marzo, la organización La Familia de Pasta de Conchos reveló a través de videos y fotografías, que a nueve años de distancia de la tragedia de 2006, en Coahuila Grupo México explotaba una de sus concesiones mediante el procedimiento más letal: cuevas hasta de dos pisos y sin medidas básicas de seguridad.
Sin embargo, no son sólo las concesiones mineras de Germán Larrea las que han ocasionado desastres naturales, o han sido protagonistas de accidentes; Ferrocarriles de México (Ferromex), empresa de transportes de Grupo México que cuenta con una red de 8 mil 110.5 kilómetros que cubren aproximadamente 71 por ciento del territorio nacional y casi 80 por ciento de las áreas industriales y comerciales, tiene una amplía lista de descarrilamientos.
El 25 de agosto de 2014, un tren que transportaba 240 toneladas de ácido sulfúrico antes de llegar a Nogales, Sonora, químicos que tenían como destino Estados Unidos. Los contenedores volcados quedaron a 10 metros del Río Santa Cruz, sin embargo no se registraron derrames.
Demandas y corrupción en el extranjero.
Asarco, la filial en Estados Unidos de Grupo México, enfrenta varias demandas laborales y realiza trabajos de “remediación en zonas donde operó en ese país. Una de ellas en El Paso, Texas, donde se encontraba una planta fundidora que desde 1887 procesaba plomo, zinc, antimonio, cadmio, y años después, también cobre.
Desde la década de los setenta comenzaron las demandas en el país vecino contra la compañía, debido a la contaminación ambiental y daños a la salud. Para 1980, Asarco paró el procesamiento de plomo, zinc, antimonio y cadmio, para finalmente en 1999 detener el funcionamiento total de la fundidora.
En 2002, la empresa intentó reiniciar sus operaciones y renovar sus permiso, sin embargo opositores en la zona frenaron la reapertura debido a que esa industria contaminó el ambiente de la zona fronteriza.
En el año 2005, la filial de Grupo México en Estados Unidos se declaró en bancarrota para no pagar una multa de mil millones de dólares que el gobierno de ese país le impuso debido a que sus operaciones afectaron gravemente a niños, a adultos mayores y a mujeres embarazadas.
Finalmente en el año 2009 se constituyó un fideicomiso para la limpieza y la regeneración ambiental en la zona y en abril de 2013 las dos chimeneas de la fundidora fueron destruidas, quienes presentaron altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre.
En Perú, su filial Southern Copper Corporation entre 2012 y 2014 recibió al menos 10 sanciones por violaciones ecológicas. Apenas el pasado 15 de enero de este año, la fiscal Ángela Marroquín, especializada en Materia Ambiental, acusó a la firma debido a que su refinería de cobre instalada en la Ilo, ciudad al sur de Perú, contaminaba el aire y vertía arsénico al Océano Pacífico.
En tanto, campesinos del Valle del Tambo, región al sureste de Perú, comenzaron desde marzo un paro indefinido para solicitar la suspensión del proyecto Tía María, propiedad de Southern, al considerar que la explotación minera perjudicará la actividad agrícola de la zona, por lo que el Gobierno peruano envió un millar de policías en la zona.
En tanto, el pasado 22 de abril una manifestación en contra de la filial de Grupo México, se derivó en un violento desalojó, donde un campesino perdió la vida y otros 24 resultaron heridos.
El Ministro peruano del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, admitió en días pasados que la Policía cometió abusos contra los campesinos que se manifiestan contra el proyecto cuprífero Tía María, de la mina de Southern, en una protesta que el miércoles dejó un muerto y 24 heridos, entre ellos once policías.
Mientras que el pasado 12 de mayo, las autoridades peruanas anunciaron que rompieron las conversaciones con la minera Southern Copper y exigieron que Germán Larrea se presentara en Lima para explicar las denuncias por extorsión a líderes opositores al proyecto Tía María.
La Ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, detalló que el Presidente Ollanta Moisés Humala Tasso espera que la minera aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero al dirigente Pepe Julio Gutiérrez como condición para levantar la protesta en el poblado de Islay, Arequipa, según se informó por medio de un comunicado. Sin embargo, hasta el momento esto no ha sucedido.
Ayer sábado, organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron a un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de mayo en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper.
Los dirigentes se reunieron durante más de 4 horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara el viernes que iba a hacer una “pausa” de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.
Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un “paro macro-regional” en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informaron medios locales.
Fuente: Sinembargo.
