El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, podría ser cesado de su cargo por incurrir en presunto desacato a una sentencia judicial, de acuerdo con información derivada de un proceso legal en curso.
La posible destitución se origina a partir del incumplimiento de una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, la cual obligaba a la dependencia estatal a atender un mandato específico relacionado con sus atribuciones. Al no cumplirse en tiempo y forma, se abrió la puerta a sanciones administrativas que podrían escalar hasta la separación del cargo.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la destitución del funcionario, por lo que el caso se mantiene en una fase de valoración jurídica y administrativa. Sin embargo, el señalamiento por desacato coloca a la dependencia en una posición delicada, al tratarse de una posible violación al principio de legalidad que rige el actuar de los servidores públicos.
En el marco legal mexicano, el desacato a una sentencia implica el incumplimiento de una orden judicial firme, lo que puede derivar en responsabilidades que van desde sanciones administrativas hasta consecuencias penales, dependiendo de la gravedad del caso.
La Comisión Estatal del Agua es una de las áreas más sensibles del gobierno estatal, particularmente en un contexto marcado por la crisis hídrica y los cuestionamientos recurrentes en torno a la operación de infraestructura como el acueducto de El Realito.
El eventual cese del titular de la CEA, en caso de concretarse, no solo representaría un movimiento administrativo, sino también un mensaje sobre la obligatoriedad de acatar resoluciones judiciales dentro de la función pública.
