Las palabras que escuchó aquel 4 de julio Carlos Alberto Covarrubias, un asesor financiero de 21 años, por poco y se vuelven realidad: “¡Te vamos a matar, te vamos a tirar a un barranco!”.
La libró de pura suerte. Durante más de cinco horas, Carlos recibió golpes, toques eléctricos y macanazos. Quienes le torturaban sabían lo que hacían. Eran policías de Zapopan.
Alrededor de las 22:00 horas del sábado 4 de julio del 2015, Carlos y su novia discutían en la casa dúplex en la que vivían, en el fraccionamiento Valle de los Molinos. Casi 15 minutos después tocaron a la puerta. Cuatro hombres uniformados se hicieron presentes.
“¿Todo bien?”, preguntó uno de los visitantes. “Todo bien”, dijo ella. Cerraron la puerta e inmediatamente, una patada la abrió de nuevo.
Entró uno, dos, tres, los cuatro. Se fueron sobre Carlos.
“Me golpeaban, me brincaban en la cara, me sacaron dinero de la cartera”, relata el muchacho.
Los policías se lo llevaron. Lo pasearon por más de 20 minutos por toda la colonia. Luego regresaron a la casa de él. Los oficiales pidieron las llaves del auto de Carlos a la novia de él. Ella se negó. El joven alcanzó a gritar que le robaban. Los vecinos se acercaron. Pidieron que le soltaran. Las súplicas no tuvieron eco.
Arriba de la patrulla, la OP-001, recuerda bien el joven, los policías le tundieron cuanto quisieron.
“En la cara fueron golpes con la macana. La pistola con la que me daban toques, hasta se quedó sin batería.
“Me brincaban en la cabeza, me pegaban en las costillas. Todo el cuerpo quedó morado, literal”, narra Carlos.
Lo que más le daba pánico a Carlos en esos minutos eran las amenazas. Que lo iban a matar, que lo tirarían a un barranco, que ni sabía la que le esperaba, eran las frases que escuchaba, puras de esas.
Un paseo por el pánico
Después de varias patadas en la cara y unas 20 descargas eléctricas en el cuerpo, Carlos se desvaneció.
Cuando el reloj marcaba cerca de las 5:00 horas del domingo 5 de julio, los policías lo llevaron a una clínica de la Cruz Verde, donde dijeron que se había caído. Una trabajadora social plasmó eso en un folio: caída.
Al recobrar el aliento, Carlos se percató que era trasladado a otro lugar: a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, sobre la calle 14, en la zona industrial de Guadalajara.
Los policías habían pensado la jugada. Lo presentaron por el delito de amenazas. Una simple falta administrativa ante el juzgado municipal, habría sido sencilla: con 280 pesos, Carlos hubiera salido libre ese mismo fin de semana.
No fue así. Acusado de tal delito, tuvo que pasar casi 48 horas detenido. Llamó a su abogado. Siete mil pesos de fianza para salir a la calle de nuevo.
En su trabajo desconocían qué había pasado con él; fue sancionado. En su cartera faltaban 2 mil 500 pesos en efectivos. Y en su casa, las puertas de madera rotas por los policías, le costarían cerca de 6 mil pesos.
No sólo eso. Su novia y él prefirieron separarse por un tiempo. El día siguiente al que salió de la Fiscalía, Carlos tomó algo de ropa y se mudó de casa.
Presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y amenazas contra los policías –dice que los puede reconocer si se los ponen enfrente–, así como en la dirección de Asuntos Internos de la corporación, y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
La FGE abrió la averiguación previa 9952/2015 contra los servidores públicos involucrados.
El 15 de julio pasado, el agente del Ministerio Público adscrito a la agencia 24 receptora solicitó a la Fiscalía de Derechos Humanos de la dependencia, la realización de una atención integral (psicológica, jurídica, médica, psiquiátrica y de trabajo social) al afectado.
En Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan, Carlos tendrá una primera audiencia el 30 de julio próximo. Internamente le corroe el temor.
“Me siento inseguro, con pánico. Fueron más de cinco horas las que me golpearon. Sí tengo miedo, más porque me dijeron que si decía algo, me iban a matar”.
Ayuntamiento omiso
La actuación de la policía de Zapopan, en el caso de Carlos y en otros documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, parece no importar al Ayuntamiento.
“Hay un recuento de varios casos, claramente no sé cuántos son, pero no se tocan al interior de la comisión edilicia de Seguridad Pública, porque ésta ha sesionado cuatro o cinco veces, en tres años, y solo para asuntos irrelevantes”, dice Ramón Ramírez, regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Zapopan.
Los abusos de la policía de ese municipio, de acuerdo con el panista, se pueden advertir en dos dimensiones: una, la incompetencia de la propia corporación –falta de capacitación y protocolos de actuación– y otra, relacionada ya con una reiterativa violación a los derechos humanos.
“La situación de Carlos es claramente una situación de violencia, de abuso de autoridad, de robo por parte de los elementos; amenazas y otro tipo de cosas, que afectan la vida de un ciudadano zapopano”, añade el regidor.
Ramírez destaca que las recomendaciones de la CEDHJ a la policía de Zapopan, son vistas por las autoridades como meras “llamadas a misa” y que no han sido atendidas por la presidencia municipal del priista Héctor Robles Peiro.
Entre las más señaladas
La Policía de Zapopan es de las dependencias públicas con más señalamientos de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con estadísticas de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
En 2014, incluso, el organismo defensor emitió dos recomendaciones, la 03 y la 40 de ese año, al Ayuntamiento, por violaciones al derecho a la vida y a la legalidad y seguridad jurídica de dos personas.
En la recomendación 03/2014, la CEDHJ documentó el caso de Érick Fernando Chávez Trejo, de 21 años, quien murió durante una revisión de rutina. El policía zapopano David Ramírez Santiago disparó accidentalmente su arma mientras revisaba al muchacho; fue encarcelado por el delito de homicidio calificado.
Y en la recomendación 40/2014, Derechos Humanos registró que un policía de Zapopan mató a puntapiés en la cabeza a un hombre.
Entre 2013 y 2015, la Policía de Zapopan se ubica entre las 15 instituciones públicas con más quejas ante la CEDHJ.
Pero en lo que corresponde sólo a corporaciones de seguridad pública, es la cuarta con más señalamientos ante Derechos Humanos de Jalisco, después de la Fiscalía General del Estado, la Comisaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y la Policía de Guadalajara.
Con información de: Reporte Índigo
