Feliz debe estar Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ayer celebró su primer mes de muchos por venir como hombre libre. El de Badiraguato con toda seguridad ha vivido días dulces, nada parecidos a aquel 22 de febrero de 2014, fecha en la cual fue “recapturado” por el gobierno federal en el puerto de Mazatlán de su natal Sinaloa. Y es que al fugarse del penal del Altiplano debe haber experimentado un satisfactorio déjà vu, puesto que su fortuna, propiedades, negocios, organización y colaboradores siguen intactos, con la única diferencia que ahora posee un predio y una pequeña casa en Almoloya de Juárez.
Por el contrario, el presidente Enrique Peña Nieto debe estar ante algunos de los momentos más amargos y obscuros de su administración, toda vez que la vergüenza ante la comunidad internacional, el desprestigio de las instituciones del Estado mexicano y la falta de credibilidad gubernamental ante la población se incrementan con cada bocanada de aire que toma el narcotraficante más buscado del mundo en algún rincón del país sin que exista alguna posibilidad latente o duda razonable que sugiera que próximamente Guzmán Loera será víctima de la poética pero falsa promesa del Estado de Derecho en México.
El escape del capo no es más que una cuestión sintomática y ejemplo emblemático de la realidad institucional mexicana. La penetración de los poderes fácticos, en este caso el crimen organizado, en la vida pública ha rebasado cualquier límite imaginable, y ha puesto frente al Estado un reto que parece insuperable por el momento, dado que la putrefacción de las dependencias y organismos está intrínsecamente ligada a la facilidad de corrupción personal y de la ley que se encuentra anclada profundamente en la cultura política y en la idiosincrasia nacional.
Hace apenas dos meses, en junio, el caso de reos fugados del Centro Correccional Clinton, ubicado en el estado de Nueva York, acaparó los titulares de la prensa internacional luego que dos homicidas de alta peligrosidad lograron evadir el perímetro del penal estatal de máxima seguridad. La búsqueda de Richard Matt y David Sweat desencadenó una de las mayores persecuciones de la historia reciente en Estados Unidos y tuvo como resultado el fallecimiento de Matt a manos de la policía y la recaptura de Sweat, quien actualmente se encuentra bajo custodia, gracias al enorme esfuerzo de los órganos de inteligencia y agencias de seguridad norteamericanos.
Parecería que ante la óptica de los encargados de la seguridad pública en México resulta inverosímil que en el país vecino del norte se despliegue un mega operativo interestatal e interinstitucional para dar con el paradero de dos sujetos que si bien son una amenaza para la sociedad, en el papel no son ni remotamente tan peligrosos como “El Chapo”, sin embargo, la gran diferencia en la implementación de éstos radica en que para los estadounidenses una fuga carcelaria pone en serios aprietos la imagen del gobierno ante la opinión pública y fundamentalmente pone en jaque la fortaleza del sistema penitenciario, es por ello es que en sólo 23 días, y tras imputar a dos cómplices, el caso fue resuelto.
En el incidente de la reciente fuga de Guzmán Loera, el capo tuvo una ventana de por lo menos 18 minutos para trasladarse por el túnel de más de un kilómetro y medio que se cavó bajo el Cefereso Número 1, una hora y 20 minutos para alejarse del penal y hasta cinco horas para trasladarse vía aérea o terrestre, lo que es una muestra inequívoca que la complicidad necesitada para que esto se materializara alcanzó niveles de orquestación y colusión nunca antes atestiguados en esa región del Estado de México.
En semanas recientes se ha percibido cierta pasividad del gobierno federal frente a la fuga de “El Chapo”. Los avances sobre el caso a los que ha tenido acceso la población y los medios de comunicación son paupérrimos y ridículos ya que hasta la fecha sólo se conoce que dos custodios y el encargado del Centro de Control de Monitores están sujetos a proceso penal por el hecho. Nada más. Más actividad ha tenido el prófugo, a través de su abogado, amparándose contra una posible extradición a Estados Unidos que lo reportado por Arely Gómez y compañía. Una verdadera torpeza de escándalo.
Desde la década de los ’90, Guzmán Loera representa un riesgo elevadísimo para todo el aparato gubernamental de México debido al escrutinio que ha generado en coyunturas como el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, momento en el cual su figura alcanzó dimensiones insospechadas o con la fuga de Puente Grande en 2001 cuando se transformó en un mito y finalmente el pasado 11 de julio convirtiéndose en leyenda a costa del peñanietismo.
El gobierno mexicano se enfrenta ahora a dos posibles escenarios: pactar con el Cártel de Sinaloa, esperando una recomposición y reordenamiento menos violento de la geografía del narcotráfico en el país que necesariamente incluye a un Joaquín Archivaldo en libertad o utilizar todo el peso de la violencia legítima con la única intención de privarlo de la vida y no recapturarlo, toda vez que en la cárcel es un peligro latente que amenaza la estabilidad estatal. Sin embargo, ante la posibilidad de ser extraditado, “El Chapo” difícilmente volverá a encontrarse en una posición vulnerable, ya que del otro lado del Río Bravo los carritos de lavandería o los túneles son una utopía, la cual seguramente Sweat y Matt pensaron alcanzar.
Nos leemos en la próxima.
Twitter: @robertomonroy
