Por Mario Candia
27/01/25
INDIGNACIÓN La reciente suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado de omisión en el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en Ciudad Juárez, es una afrenta a la justicia y a la memoria de las víctimas. Este acto no solo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en México.
LA TRAGEDIA El 27 de marzo de 2023, un incendio devastador en una estación migratoria de Ciudad Juárez evidenció las graves deficiencias en la gestión del INM. Las investigaciones señalaron que la tragedia fue resultado de omisiones y negligencias por parte de las autoridades migratorias, incluyendo a Garduño, quien fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público.
IMPUNIDAD Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, este fin de semana un juez federal decidió suspender el proceso penal contra Garduño, imponiendo condiciones como una disculpa pública, la supervisión de la reparación del daño y la toma de cursos de derechos humanos. Esta resolución, que contó con la oposición de las víctimas, resulta insuficiente y ofensiva frente a la magnitud de la tragedia.
HISTORIAL La gestión de Garduño al frente del INM ha estado marcada por múltiples señalamientos de corrupción, violencia y represión. Desde 2019, la institución ha acumulado más de 5,600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha registrado al menos 14 incendios en diversas estaciones migratorias. A pesar de este historial, Garduño contó siempre con el respaldo del ex presidente López Obrador y permaneció en su cargo, una muestra más de cómo la impunidad protege a los altos mandos.
CRISIS MIGRATORIA Esta crisis se agrava en el contexto de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, que implementó un esquema de deportaciones masivas hacia México. Entre 2017 y 2021, miles de migrantes fueron devueltos en condiciones precarias, saturando las ciudades fronterizas mexicanas y colocando a los gobiernos locales y al INM bajo una enorme presión. Estas deportaciones han exacerbado la vulnerabilidad de quienes buscan una oportunidad lejos de la violencia y la pobreza, dejándolos a merced de un sistema migratorio fallido.
Trump, con su política de “Remain in Mexico” (Permanecer en México), obligó a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses. Esto derivó en la acumulación de campamentos improvisados y situaciones de extrema precariedad para los migrantes, quienes enfrentaron extorsiones, secuestros y asesinatos mientras permanecían en condiciones indignas. Las ciudades fronterizas de México, como Tijuana y Matamoros, se convirtieron en un limbo de desesperación y peligro.
DERECHOS HUMANOS El panorama actual demuestra que las tragedias como la de Ciudad Juárez no son hechos aislados, sino el resultado de una red de políticas migratorias inhumanas, tanto en México como en Estados Unidos. Las deportaciones masivas durante el mandato de Trump y la falta de preparación de las instituciones mexicanas para atenderlas han profundizado la crisis humanitaria. Ante esta realidad, es urgente un replanteamiento integral que priorice la dignidad y los derechos de las personas migrantes, así como una justicia efectiva para quienes han sufrido las consecuencias de la negligencia estatal.
JUSTICIA Las vidas de los 40 migrantes fallecidos y la integridad de los 27 heridos no pueden ser honradas con simples disculpas o cursos. Se requiere una rendición de cuentas real y efectiva que demuestre el compromiso del Estado mexicano con la justicia y los derechos humanos. Solo así se podrá comenzar a reparar el daño causado y prevenir futuras tragedias en el sistema migratorio nacional.
Ich.- Este jueves 23 el Tribunal Estatal Electoral revocó el registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embrago, ya sin registro nacional y local, dicho grupo político recibirá 3,716,122 pesos como parte de las prerrogativas a partidos políticos en la entidad.
Hasta mañana.
