Por Mario Candia
OPERATIVO EN ZONA INDUSTRIAL Mientras el gobierno emite boletines triunfalistas celebrando una supuesta baja en los homicidios dolosos, la realidad contradice sin piedad el discurso oficial. Esta semana, un operativo encabezado por la Secretaría de Marina desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetaminas en plena Zona Industrial de la capital potosina, a escasos minutos de la sede del Poder Ejecutivo estatal. Lo asegurado no es menor: ocho reactores de 5 mil litros, dos más de 10 mil, una torre de destilación de 15 metros, grandes cantidades de precursores químicos, pastillas tipo anfetamina y cristal empaquetado. Una operación de gran escala en el corazón productivo de San Luis Potosí.
NARCOLABORATORIO Ante la magnitud del hallazgo, el gobierno estatal optó por deslindarse. En un comunicado, aclaró que se trató de un operativo federal en el que no participó ninguna corporación estatal ni municipal. El deslinde no fue solo protocolario: fue un intento evidente de sacudirse la responsabilidad de que un narcolaboratorio industrial funcionara sin ser detectado por sus cuerpos de seguridad. Pero ese mismo deslinde termina por hundir más la credibilidad del aparato local. ¿Qué tipo de vigilancia se realiza en la zona industrial? ¿Cómo puede el crimen organizado montar estructuras químicas de esta escala sin que ninguna autoridad se percate?
CIFRAS ESTATALES La descomposición institucional no es nueva, pero en San Luis Potosí comienza a adquirir tintes de cinismo. La administración estatal presume que los homicidios dolosos disminuyeron 21.6% en el primer trimestre del año. Pero la percepción ciudadana dice lo contrario. Los potosinos viven un clima de creciente inseguridad, desapariciones, extorsiones y ejecuciones. En municipios como Rioverde han sido localizadas fosas clandestinas, mientras que en Ciudad Valles y la Huasteca los asesinatos siguen acumulándose sin justicia.
PUERTA GIRATORIA Y mientras el narco instala reactores industriales en plena capital, el aparato político local se recicla sin pudor: José Luis Ruiz Contreras, quien inició este sexenio como Fiscal General del Estado y luego fue nombrado secretario de Seguridad, ahora busca ser magistrado del Poder Judicial local. En un estado donde la seguridad se le fue de las manos, donde la justicia no alcanza ni para los desaparecidos ni para los inocentes, el premio es una magistratura. La puerta giratoria entre impunidad, complicidad y ascenso institucional.
LA DUDA Pero hay una pregunta que aún nadie ha respondido: ¿por qué el gobierno federal no avisó al estatal ni lo incluyó en el operativo? ¿Se trató de una omisión protocolaria o de una decisión estratégica? ¿Temía la Secretaría de Marina que al informar a las autoridades locales estas pudieran filtrar la información a los criminales, frustrando el golpe? ¿Estamos hablando de una operación en la que se asumió la posibilidad de infiltración criminal dentro de las fuerzas estatales potosinas?
LA DESCONFIANZA Estas interrogantes son legítimas y necesarias. No sería la primera vez que ocurre algo así. Cuando Estados Unidos detuvo en 2024 a Ismael “El Mayo” Zambada, no avisó a las autoridades mexicanas ni al presidente mismo. La razón: desconfianza. La misma sombra podría estar proyectándose hoy sobre San Luis Potosí. ¿Qué tan profundo es el deterioro institucional que un operativo de esta magnitud se ejecuta a espaldas del gobierno estatal?
CRISIS DE LEGITIMIDAD San Luis Potosí no solo está en crisis de seguridad, sino de legitimidad. Y mientras la Marina limpia lo que el estado ni ve ni quiere ver, el gobernador y sus voceros insisten en que todo va mejor. Las cifras maquilladas y los boletines optimistas pueden servir para la propaganda, pero no protegen a nadie del crimen ni devuelven la paz que hace años se perdió.
Hasta mañana.
