Por Mario Candia
19/06/25
DESCOMPOSICIÓN TERRITORIAL En el México gobernado por Claudia Sheinbaum, ser presidente municipal es asumir una doble condena: o te mata el crimen organizado, o te entierra el Estado. Desde octubre de 2024, al menos ocho alcaldes han sido ejecutados mientras ejercían funciones. No son hechos aislados: son parte de una estrategia implícita de descomposición territorial donde el narco impone sus reglas y el gobierno federal administra la tragedia como si se tratara de una estadística de tránsito.
ALCALDES EJECUTADOS Uno de los primeros en caer fue Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, afiliado al Partido del Trabajo, asesinado a tiros mientras circulaba por carretera. Le siguió Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, emboscado en su región, sin que nadie del gobierno federal se atreviera a pronunciar siquiera su nombre. En San Luis Potosí, el morenista Jesús Franco Lárraga, presidente municipal de Tancanhuitz, fue ejecutado a mediados de diciembre, en un ataque con claras señales de advertencia. También fue asesinado Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán, del PT, a balazos en pleno centro. A su lado murió su escolta. La alcaldesa morenista Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue abatida durante un ataque al palacio municipal. Y la más reciente, Martha Laura Mendoza, también de Morena y alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, fue ejecutada junto a su esposo, a quemarropa, en la puerta de su casa, en una zona controlada por Cárteles Unidos y con vínculos familiares con el capo Juan José “El Abuelo” Farías. El patrón es claro: crimen, silencio institucional, impunidad.
OPERATIVO ENJAMBRE Pero no todos los alcaldes mueren. Algunos son detenidos en espectaculares operativos mediáticos, comandados por Omar García Harfuch, quien se ha convertido en el brazo operativo del nuevo presidencialismo punitivo. Las órdenes de aprehensión, en muchos casos más políticas que judiciales, se usan como método de control. La fiscalía obedece y el centro del país impone disciplina: los presidentes municipales que no se alinean con el guion oficial son acusados, expuestos y procesados bajo la etiqueta universal del “vínculo con el crimen organizado”. Una fórmula que no necesita probarse, solo difundirse.
URUAPAN En este contexto de muerte o persecución, hay quien se atreve a resistir. Es el caso de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán. No solo no ha sido asesinado ni detenido, sino que se ha convertido en la voz más desafiante contra el discurso presidencial de “abrazos y no balazos”. En mayo, retó públicamente a la presidenta Sheinbaum: “Si logra pacificar Uruapan con su estrategia, yo renuncio”. Lejos de ceder, días después encabezó el hallazgo de un campamento criminal en el cerro de La Cruz, con armas de alto calibre, fusiles antiblindaje y presencia de extranjeros armados, incluyendo colombianos y venezolanos. Manzo no solo administra su municipio: lo defiende, con recursos mínimos y sin respaldo federal. En sus palabras y acciones, hay más Estado que en todo el gabinete de seguridad.
CDMX Y mientras él hace operativos reales, el gobierno se entretiene en la narrativa. La contradicción alcanzó su clímax el 20 de mayo, cuando, mientras Claudia Sheinbaum ofrecía una conferencia matutina sobre seguridad, dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada —la secretaria particular Ximena Guzmán y el coordinador de asesores José Muñoz— fueron ejecutados en plena Calzada de Tlalpan. Una ejecución a plena luz del día, con precisión de comando, en moto, con armas largas. La escena fue tan violenta que Omar García Harfuch interrumpió la mañanera para notificar a la presidenta. La reacción fue burocrática, distante, como si los muertos fueran parte del guion. Pero no lo eran. Eran su gente.
MAQUILLAR LA REALIDAD Frente a esta escalada, el gobierno federal insiste en maquillar la realidad. Habla de índices, de encuestas, de reducción de homicidios. Pero no explica por qué se asesina a alcaldes, ni por qué el narco decide quién puede gobernar. No dice por qué los operativos sólo exhiben a opositores o por qué hay municipios sin policías, sin recursos y con mandatarios locales enterrados sin justicia ni ruido.
LA NARRATIVA La verdad es incómoda y contundente: México está viviendo una nueva forma de exterminio institucional. A los alcaldes los están matando, encerrando o silenciando. Ya no gobiernan: sobreviven. Y mientras el narco manda, el Estado federal parece más preocupado por preservar la narrativa que por enfrentar el horror. La pacificación no ha llegado. Lo que llegó, bajo esta administración, fue la desaparición paulatina del poder local, y con ella, la demolición del último eslabón de la democracia.
Ich 1. Donde antes se acumulaban más de mil toneladas de basura en un tiradero clandestino, hoy existe un espacio rehabilitado para el uso comunitario. La intervención, realizada por el gobierno capitalino, transformó un punto de riesgo ambiental en una zona más habitable. Bajo el concepto de “ecología táctica”, esta acción plantea un modelo de recuperación urbana que, aunque acotado, busca responder a demandas postergadas de las colonias menos favorecidas.
Hasta mañana.
