Por Mario Candia
17/07/25
LIBERTAD DE EXPRESIÓN En un país donde la libertad de expresión fue alguna vez baluarte de las luchas democráticas, hoy tres casos recientes nos recuerdan que ese derecho se desangra entre los barrotes de un sistema judicial cooptado, una clase política intolerante y una institucionalidad que ha convertido el litigio en herramienta de represión. El derecho a opinar, criticar, exhibir y denunciar —garantizado en la Constitución— ha sido reducido a cenizas por tribunales electorales, jueces locales y gobernantes que usan la ley como mordaza.
TAMAULIPAS El caso de Héctor de Mauleón es revelador por su crudeza. En mayo, el periodista publicó en El Universal una columna que documentaba presuntas redes de huachicol vinculadas a una aspirante a magistrada electoral en Tamaulipas. La reacción fue inmediata: el Instituto Electoral local ordenó retirar el texto, prohibirle escribir sobre ella y acallarlo con medidas cautelares que no pasaron por juez alguno. ¿La razón? Violencia política de género. Una figura que nació para proteger a las mujeres de ataques reales, hoy se usa para silenciar críticas incómodas. Se tomó una causa justa y se desvirtuó por completo: ahora sirve más para blindar a quienes están en el poder que para proteger a las víctimas. No hay mayor violencia política que silenciar al periodismo, y no hay mayor cinismo que disfrazar la censura de protección.
CAMPECHE En Campeche, el escenario es aún más grotesco. Layda Sansores, gobernadora que se autoproclama defensora del pueblo, emprendió una persecución judicial contra Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna. Lo acusó de “delitos de odio” y “daño psicológico”, y un tribunal no solo le dio la razón: le prohibió ejercer el periodismo, ordenó que un censor aprobara cada línea escrita sobre la gobernadora y le impuso una multa multimillonaria. No es sátira: es el México de 2025, donde gobernadoras se convierten en jueces, y los tribunales en comités de aplauso. Una distopía sin humor.
DATO PROTEGIDO Y en el caso que escandalizó a las redes bajo el enigmático nombre de “Dato Protegido”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a una ciudadana —una mujer— por emitir una crítica política en X (antes Twitter) contra una diputada. Se le obligó a disculparse públicamente durante un mes y se le etiquetó como “agresora”. Para colmo, el nombre de la denunciante fue sustituido por el absurdo legal de “DATO PROTEGIDO”. El castigo no solo fue ridículo: sienta un precedente. Un mensaje claro para los ciudadanos que osen hablar de los poderosos.
MORDAZAS Tres casos distintos, tres rutas legales diferentes, una misma estrategia: usar las instituciones como verdugos de la crítica. Lo más alarmante no es solo la censura, sino la normalización de la censura. Se ha abierto la puerta a un régimen que ya no necesita golpear periodistas, basta con silenciarlos con una orden judicial. Basta con reinterpretar los derechos para transformarlos en instrumentos de persecución. Hoy, la libertad de expresión está bajo asedio judicial.
DISENTIR El Estado mexicano ha dejado de ser garante de la crítica para convertirse en su carcelero. Se persigue con leyes lo que antes se callaba con balas. El autoritarismo ha mutado de uniforme: ya no usa botas, sino toga. Y en ese tránsito, arrasa con uno de los pilares fundamentales de toda democracia: el derecho a disentir.
REGRESIÓN SISTEMÁTICA Si un periodista ya no puede escribir, si una ciudadana no puede tuitear, si un medio necesita aprobación judicial para informar, entonces no hablamos ya de excesos, sino de una regresión sistemática. No es solo censura: es represión legalizada, y por tanto, impunidad institucionalizada. ¿Hasta cuándo seguirá este país castigando a quienes piensan, hablan o escriben?
Hasta mañana.
