Por Mario Candia
21/1/26
DESAPARICIÓN FORZADA En México, el problema no siempre es lo que ocurre, sino lo que el poder decide nombrar —o borrar— con una frase. “Ya no hay desapariciones forzadas”, repiten desde la cúpula como quien rocía perfume sobre un cuarto incendiado. Y entonces aparece un caso como el del profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios: reportado como desaparecido tras pasar por un filtro de autoridad en Nuevo León, localizado después, y con una acusación gravísima en la boca: que fue secuestrado y golpeado por la Guardia Nacional.
VERSIONES El calendario es importante, porque la impunidad suele vivir de la bruma. Escobar fue detenido en el entorno del Aeropuerto Internacional de Monterrey a finales de 2025, liberado el 2 de enero de 2026, y luego vino el vacío: días sin claridad pública sobre su paradero, versiones cruzadas, registros que no convencen y una maleta aparecida como pieza suelta de un rompecabezas mal armado. El 16 de enero fue localizado con vida, desorientado, en un centro de rehabilitación en Juárez. Y entonces, cuando el Estado quiso dar por cerrado el capítulo con un “ya apareció”, el propio protagonista lo reabrió con dinamita: denunció agresiones y costillas fracturadas durante la detención.
CONTRADICCIONES Aquí el punto no es dictar sentencia mediática. La Guardia Nacional y la Sedena niegan el abuso, y la fiscalía asegura que hubo una detención por “faltas administrativas”. Pero el punto central —el que incomoda— es otro: cuando un ciudadano pasa por manos del Estado, y después hay lagunas, contradicciones, zonas grises, horas o días sin trazabilidad confiable, el problema ya no es solo de seguridad pública. Es de Estado de derecho. Y cuando desde Palacio se insiste en que “eso ya no existe”, el discurso se vuelve una segunda violencia: la negación como política pública.
OCULTAMIENTO La desaparición forzada no es un eslogan; es una conducta que implica autoridad, privación de libertad y ocultamiento del destino o paradero. Por eso el debate no se resuelve con catecismos mañaneros, sino con hechos verificables: ¿hubo registro claro e inmediato de la detención?, ¿hubo acceso a abogado, llamada, atención médica?, ¿quién custodió, quién entregó, quién recibió?, ¿por qué las versiones oficiales no embonan? En un país con decenas de miles de personas no localizadas, esas preguntas no son quisquillosas: son la línea divisoria entre civilización y barbarie administrativa.
NEGACIÓN El oficialismo quiere un país donde las palabras cancelen la realidad: si decretamos que ya no hay desapariciones forzadas, entonces ya no existen. Pero la realidad es terca. Y cada caso con olor a opacidad —sea cual sea el desenlace judicial— desmiente el conjuro. La negación no salva vidas. Solo protege instituciones de la vergüenza, y funcionarios del costo político. Y ese, precisamente, es el problema.
Hasta mañana.
