Por Mario Candia
27/4/26
HUACHICOL En México, el delito ya no se esconde: se institucionaliza. El caso del contralmirante Fernando Farias Laguna no debería leerse como un episodio aislado, ni como la caída de un funcionario que “se desvió del camino”. Esa narrativa cómoda, casi terapéutica, sirve para tranquilizar conciencias, pero no para explicar la realidad. Lo que tenemos enfrente es algo más inquietante: un sistema que no solo es vulnerable al crimen, sino que ha aprendido a convivir con él, a integrarlo, a administrarlo.
CUELLO BLANCO Porque aquí no estamos hablando de un operador menor. Estamos hablando de un mando formado en la estructura de seguridad del Estado, presuntamente vinculado a una red de huachicol fiscal, ese sofisticado mecanismo de contrabando que no perfora ductos, sino instituciones. No roba gasolina: evade impuestos, manipula aduanas y se mueve con precisión quirúrgica en los márgenes de la legalidad. Es crimen de cuello blanco con credencial oficial.
SEMAR Y en ese terreno aparece la coartada perfecta: los chats. La defensa asegura que Farias “reportaba” el huachicol a la Secretaría de Marina. Es decir, que no era parte del problema, sino del sistema de alerta. Pero en México, denunciar puede ser parte del delito, no su antítesis. La línea entre informante y operador es tan delgada que a veces desaparece. Se reporta lo suficiente para simular control, mientras el negocio sigue fluyendo.
CRIMEN Ahí está la perversión de fondo: el Estado convertido en doble agente. Persigue y facilita. Investiga y tolera. Combate en el discurso lo que en la práctica administra. No es la infiltración del crimen en las instituciones; es la mutación de las instituciones en estructuras funcionales al crimen.
DIPLOMACIA Y como si el cuadro no fuera ya lo suficientemente complejo, el caso escala al terreno internacional. México busca la deportación de Farias desde Argentina, pero el proceso se enreda en un clima político tenso, atravesado por la confrontación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Javier Milei. La justicia, entonces, deja de ser un asunto jurídico para convertirse en moneda diplomática. No importa solo lo que hizo el acusado, sino el contexto ideológico en el que se negocia su destino. Ese es el verdadero rostro del problema: un país donde la legalidad depende del momento político, donde los expedientes se contaminan de narrativa y donde la justicia puede quedar atrapada entre discursos de poder.
METÁFORA El huachicol, en su versión fiscal, es la metáfora perfecta de este México contemporáneo: todo se fuga. Se fugan los recursos, se fuga la ley, se fuga la responsabilidad. Y en esa fuga constante, lo que se pierde no es solo dinero, sino algo más profundo: la confianza en que el Estado sigue siendo Estado. Porque cuando quienes deberían resguardar la legalidad terminan orbitando alrededor de su violación, la pregunta ya no es quién delinque, sino desde dónde se delinque. Y en México, cada vez más, la respuesta incomoda.
Hasta mañana.
