Por Mario Candia
11/5/26
INFORME CIDH Hay informes que se leen como documentos técnicos y otros que terminan pareciendo certificados históricos de fracaso. El informe presentado este 11 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la segunda categoría. No es solamente una radiografía sobre las desapariciones en México; es la constatación internacional de que el país se acostumbró al horror. Mientras desde las mañaneras se intenta administrar políticamente la narrativa de la seguridad, la CIDH acaba de colocar sobre la mesa una cifra demoledora: más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, además de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del propio Estado. No son números; es un país convertido en una enorme sala de espera donde miles de familias viven suspendidas entre la esperanza y el duelo.
PERTURBADOR Pero detrás de esa cifra monstruosa existe otra realidad todavía más perturbadora. El informe revela que, de las 128 mil personas desaparecidas, 98 mil 788 son hombres, pero también 29 mil 503 son mujeres. Aún más grave: 18 mil 192 corresponden a niñas, niños y adolescentes, de los cuales 9 mil 342 son niñas y adolescentes mujeres. Las gráficas de la CIDH terminan mostrando algo aterrador: en México ya no desaparecen únicamente jóvenes vinculados a contextos criminales o zonas de conflicto; desaparecen mujeres, menores de edad, adolescentes y familias enteras atrapadas en un ecosistema de violencia que parece haberse normalizado. La desaparición dejó de ser una excepción para convertirse en parte de la anatomía cotidiana del país.
CONNIVENCIA Lo verdaderamente devastador no son únicamente las cifras, sino el lenguaje utilizado por el organismo internacional. La CIDH habla de una desaparición “generalizada”, de una “crisis humanitaria” y de una “impunidad estructural”. En diplomacia internacional esas palabras no se utilizan a la ligera. Son términos reservados para Estados que han perdido capacidad de control territorial, institucional o moral sobre fenómenos masivos de violencia. Más grave aún: el informe establece que existe una relación fundamental entre las desapariciones y el crimen organizado, el cual en diversos contextos opera “en estrecha connivencia con agentes estatales”. La palabra es brutal: connivencia. No habla de omisión, descuido o incapacidad; habla de coexistencia funcional entre partes del aparato público y las estructuras criminales.
NARRATIVA OFICIAL Y ahí es donde el informe choca frontalmente con la narrativa oficial construida durante los últimos meses. Hace apenas unas semanas, el gobierno federal presentó en conferencia mañanera una revisión del padrón nacional de desaparecidos para sostener que una parte importante de los registros presentaba “actividad posterior” o datos insuficientes. El mensaje político era evidente: reducir la percepción de la magnitud de la tragedia mediante la depuración estadística. Mientras el gobierno habla de bases de datos, porcentajes y verificaciones administrativas, la CIDH habla de una tragedia humanitaria continental. Mientras el poder intenta corregir cifras, las madres buscadoras siguen corrigiendo la tierra con palas y varillas.
INSUFICIENCIA INSTITUCIONAL Quizá esa sea la imagen más brutal de nuestro tiempo: en México las familias terminaron sustituyendo al Estado. Son las madres quienes buscan fosas, quienes realizan investigaciones, quienes pegan fichas, quienes recorren desiertos y brechas bajo amenaza constante. El informe reconoce explícitamente que, ante la insuficiencia institucional, han sido los colectivos quienes sostienen gran parte de la búsqueda de personas desaparecidas. Es la inversión absoluta del pacto social: los ciudadanos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno mientras las instituciones producen protocolos, conferencias y discursos.
NORMALIZACIÓN Lo más inquietante es que México parece haber normalizado esta maquinaria de ausencia. Cada nueva desaparición dura unas horas en la conversación pública antes de ser absorbida por la siguiente tragedia. El horror se burocratizó. Hay fiscalías especiales, registros nacionales, mecanismos extraordinarios y comisiones de búsqueda… pero también hay más desaparecidos que nunca. El país construyó una sofisticada administración del espanto.
CRISIS Y mientras el gobierno insiste en proyectar al exterior una imagen de estabilidad, inversión y modernidad rumbo al Mundial de 2026, la CIDH acaba de devolver a México al escaparate internacional de las grandes crisis humanitarias contemporáneas. Porque un país donde desaparecen masivamente sus ciudadanos no puede presumir normalidad. Mucho menos cuando el mundo comienza a preguntarse no sólo cuántos desaparecen, sino quiénes permiten que sigan desapareciendo.
Hasta mañana.
