Por Mario Candia
21/4/26
INÉDITO México está a punto de dar un paso inédito: regular la inteligencia artificial desde el centro del poder. En el Senado avanza una iniciativa de Ley General que busca ordenar su uso, establecer límites, crear una autoridad nacional y definir qué prácticas serán permitidas y cuáles quedarán prohibidas. En paralelo, reformas recientes ya obligan a proteger la voz, la imagen y los derechos de autor frente al uso de estas tecnologías, bajo la lógica de que lo digital también debe tener reglas claras.
POLÍTICA En el discurso, todo suena impecable: ética, derechos humanos, seguridad, control de riesgos. Nadie puede oponerse a eso. El problema empieza cuando la regulación deja de ser técnica y comienza a volverse política. Porque en el fondo, lo que se está discutiendo no es cómo funcionan los algoritmos, sino quién decide cómo deben influir en la sociedad.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL La iniciativa nacional no es menor. Busca construir el primer marco integral para gobernar la inteligencia artificial en México, en un momento en que el propio Congreso reconoce que esta tecnología impacta decisiones económicas, sociales y políticas de manera transversal. Traducido sin eufemismos: el Estado quiere regular herramientas que influyen en cómo pensamos, decidimos y percibimos la realidad.Y ahí es donde San Luis Potosí deja de ser un caso aislado… y se vuelve advertencia.
REGULACIÓN Porque mientras a nivel federal se discute el marco general, en lo local ya se dio el salto más delicado: el penal. San Luis no reguló la inteligencia artificial; decidió castigar su uso. Tipificó delitos como la difusión de contenido manipulado, la simulación de identidad o la generación de información que pueda afectar la confianza pública. No esperó a entender la tecnología. Decidió contenerla. Ese es el punto de quiebre.
NEUTRALIZAR Porque cuando una tecnología entra al Código Penal, deja de ser un fenómeno a regular y se convierte en un riesgo a neutralizar. Y cuando ese riesgo incluye conceptos como “desinformación”, “alteración de la paz social” o “afectación a la confianza institucional”, la línea deja de ser jurídica… y se vuelve política. La pregunta ya no es qué es falso, sino quién decide que lo es. La discusión ya no es técnica, es de poder.
ÁRBITRO Y entonces aparece la paradoja: el Estado que durante años ha utilizado narrativas, propaganda y comunicación política como herramientas de influencia, ahora se coloca como árbitro de la manipulación. El mismo aparato que todos los días disputa la percepción pública, pretende ahora sancionar a quien la altere.
CONVERSACIÓN PÚBLICA No se trata de negar los riesgos de la inteligencia artificial. Los deepfakes existen. La suplantación también. El fraude digital es real. Pero el problema no es legislar sobre esos abusos. El problema es hacerlo con categorías abiertas, con definiciones elásticas y, sobre todo, con el instrumento más contundente que tiene el Estado: el castigo penal. Porque cuando el poder se reserva la facultad de decidir qué contenido altera el orden, qué información genera alarma y qué simulación merece cárcel, lo que está en juego no es la tecnología… es la conversación pública.
CONTROL México está construyendo una ley para regular la inteligencia artificial. San Luis Potosí ya mostró hacia dónde puede derivar ese impulso cuando se radicaliza: no en un marco de innovación, sino en un esquema de control. El riesgo no es que las máquinas aprendan demasiado. El riesgo es que el poder aprenda a usarlas… para decidir qué puede decirse.
Hasta mañana.
