La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó la sentencia de un tribunal que exhorta al Partido de la Revolución Democrática a pagar 25 millones, 134 mil 634 pesos, por deudas durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Esta sala de la SCJN determinó que el cobro se aplicará sobre el financiamiento público del PRD que el Instituto Federal Electoral (IFE) otorga al partido.
El juez encargado de la ejecución, deberá auxiliarse de este instituto, por ser la autoridad encargada de la administración de dichos recursos y la mejor calificada para determinar la medida en que han de hacerse las retenciones.
Esta demanda judicial contra el PRD fue presentada por la empresa productora Rafael Goycoolea Incháustegui en 2007, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del DF, por no cubrir el pago por los servicios que prestó a la campaña de López Obrador.
La productora ganó el litigio en 2010, y en 2011, el tribunal colegiado ordenó cobrar la deuda sobre las prerrogativas del partido del sol azteca, pero en junio del mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del IFE y resolvió que estas no eran embargables.
Por esto, la empresa Goycoolea presentó una nueva demanda, mediante un amparo que llegó a la Suprema Corte, después de que el tribunal colegiado le solicitará en diciembre de 2012 ejercer su facultad de atracción para aclarar el conflicto.
La conclusión fue que la sentencia de 2011 que resolvió el tribunal colegiado sobre que las prerrogativas del PRD sí son embargables, deberá cumplirse por ser coza juzgada.
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